El juez de Barcelona imputa al exdelegado de la Generalitat ante la UE por gastos del 1-O
El juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum ha citado a declarar como imputadis al exdelegado de la Generalitat ante la Unión Europea (UE) Amadeu Altafaj y a otros tres cargos de la conselleria de Exteriores en relación a los pagos a los observadores internacionales del 1-O. Altafaj deberá comparecer ante el titular del juzgado de instrucción 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, el próximo 6 de junio.
Altafaj fue alto cargo y portavoz de la Comisión Europea antes de ser nombrado representante permanente de la Generalitat ante la UE. Para la misma fecha están citados como imputados –investigados, según la nueva denominación– el ex secretario general de Exteriores Aleix Villatoro, el ex secretario general del Diplocat Albert Royo y Marta Garbasall, directora de Servicios del departamento de Exteriores que dirigía Raül Romeva. Con las nuevas imputaciones, la lista de investigados por el juzgado de instrucción 13 llega a la cuarentena.
Las pesquisas ordenadas a la Guardia Civil tanto por Ramírez Sunyer como por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena han permitido a los investigadores concluir que se habrían malversado hasta 207.656,22 euros para pagar el viaje y la estancia de observadores internacionales del 1-O. En esa cantidad se incluyen dos transferencias por 119.700 euros que la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea que dirigía Altafaj abonó en septiembre a The Hague Centre for Strategic Studies, la entidad sospechosa de recibir los fondos para los observadores.
La Delegación de la Generalitat en la UE realizó los pagos, bajo el genérico concepto de “contrato de servicios”. No obstante, tanto la interventora de la Generalitat como Altafaj han certificado, por orden de Hacienda, que “todos los gastos” pagados por transferencia, incluidos los investigados, “no responden a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”.
La Guardia Civil añade otras dos cantidades: un “compromiso de pago” de 47.365 euros en cuyo “pago final” se efectuó en el mes de noviembre. La cantidad se conoció por la documentación aportada por la Delegación del Gobierno. La Guardia Civil expone además gastos relacionados con la “logística” de los observadores en Barcelona durante la votación, que ascienden a 40.591,22. Se trata del coste de los vuelos, los hoteles y los actos en los que participaron los observadores, que se habrían pagado con una tarjeta de crédito a nombre de Royo.
Asimismo, el juez ha aplazado al próximo 21 de junio la declaración como imputado de de Antoni Molons, exsecretario de Difusión de la Generalitat, inicialmente prevista para el 16 de mayo y con la que se intenta averiguar si el Govern financió el 1-O con Òmnium Cultural como sociedad interpuesta. Esta tesis ha sido enviada por el juez Llarena a la justicia alemana en el documento en el que expone los indicios de malversación para extraditar a Puigdemont.
Junto a esos cinco imputados, el juez tomará declaración entre mañana y el próximo 21 de junio a 11 testigos relacionados con la financiación del referéndum del 1-O como por ejemplo la expresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales por el anuncio del referéndum que emitió TV3.
