El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido por unanimidad este lunes las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán que Junts pel Sí y la CUP aprobaron el miércoles y que abrían la puerta a la vía unilateral hacia la independencia. El Alto Tribunal también ha decidido advertir personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; y al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión.
La suspensión de las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán era previsible, como también lo es su futura anulación, que se decretará una vez se analicen las alegaciones que presenten los letrados del Parlament. El Constitucional ha dado un plazo de 20 días al Parlament para que presente el recurso.
Con su advertencia a Forcadell y Puigdemont, el Constitucional ha cumplido con uno de los procedimientos que le pidió el viernes el Gobierno, pero de momento no se ha pronunciado directamente sobre el más grave, que consistía en abrir la vía penal contra la presidenta del Parlament. El Ejecutivo entiende que al no parar la votación de la resolución independentista, tal y como le había reclamado el tribunal, Forcadell desobedeció al Constitucional.
El Constitucional ha respondido a la petición más dura del Gobierno requiriendo a Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlament y al Secretario de la Cámara –el único que no es un cargo electo– para que en 20 días informen sobre el cumplimiento de las sentencias y advertencias que el Gobierno considera incumplidas. Si el Constitucional termina por seguir las intenciones del Ejecutivo, Forcadell, la Mesa y el secretario se exponen a la “eventual adopción”, señala el TC, de medidas coercitivas que van desde una multa a la suspensión temporal de su cargo, pasando también por la consumación de la vía penal.
El pleno del TC se ha reunido de urgencia este lunes para abordar las peticiones que le formuló el viernes el Gobierno central en un incidente de ejecución para responder al “desacato del Constitucional” del Parlament, en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el Ejecutivo interpreta el texto de JxSí y CUP como un “verdadero plan para conseguir la secesión de España”.
El Ejecutivo planteó al Alto Tribunal que abriera la vía penal contra Forcadell por no impedir el debate y votación de las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán. Asimismo, solicitó al Constitucional que anulara por completo la resolución independentista y que se advirtiera a Forcadell, a los miembros de la Mesa, al secretario del Parlament, a Puigdemont y a los miembros del Govern de las “consecuencias” de desarrollar el texto aprobado. El Constitucional advertirá a todos ellos de su “deber de impedir” cualquier iniciativa política que desarrolle medidas o resoluciones suspendidas.
Gracias a la última reforma del Constitucional aprobada por el PP en 2015, los políticos independentistas apercibidos se exponen a posibles sanciones que van desde una multa a su inhabilitación si incumplen las resoluciones del tribunal.
Los partidos independentistas han vuelto a criticar este lunes la actuación del Gobierno antes de que el Constitucional se pronunciara. El diputado y presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha considerado que el Gobierno central persigue a Forcadell “saltándose el Estado de derecho”. “Lo que te anulan es un pensamiento político”, ha afirmado.
Por su lado, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha planteado que una eventual inhabilitación de cargos públicos en Catalunya por la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente sería “definitivamente un punto de no retorno” en la falta de democracia del Estado.