El juez descarta que la promoción del 1-O que hizo el conseller Buch entre los alcaldes sea delictiva
Los correos electrónicos de promoción del 1-O que enviaron Miquel Buch y Neus Lloveras como responsables de las asociaciones de alcaldes soberanistas no tienen relevancia penal. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha archivado la causa abierta por desobediencia contra Buch y Lloveras a raíz de una querella de la Fiscalía.
En un auto, el magistrado Jordi Seguí avala la tesis de defensa de los dos altos cargos, que alegaron que enviaron correos electrónicos sobre el 1-O a los alcaldes para “escenificar” el apoyo al referéndum. “Ninguno de los actos objeto del presente procedimiento [los correos electrónicos] presenta las notas características del delito de desobediencia grave imputado a los investigados, lo que debe acarrear el archivo de las presentes diligencias previas”, concluye el juez.
La Fiscalía se querelló contra Buch, ahora conseller de Interior y por entonces alcalde de Premià de Mar y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), y Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova y la Geltrú y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), por correos electrónicos enviados el 6 y 7 de septiembre a los centenares de alcaldes de ambas asociaciones.
En los correos se adjuntaban instrucciones para que los municipios confirmaran a la Generalitat la disponibilidad de los locales para votar el 1-O, así como un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político a la votación. Y en otro correo seis días después, remitieron a los alcaldes el modelo de carteles de fomento de la participación y, en el caso de la AMI, de defensa del voto afirmativo.
El juez concluye que Buch y Lloveras no enviaron los correos como alcaldes sino en ejercicio de funciones “no institucionales y eminentemente políticas” como responsables de asociaciones municipalistas que trabajan “fuera de los cauces institucionales”. Asimismo, destaca que los correos se enviaron antes de que les fuera notificada la suspensión de la ley del referéndum aprobada el 6 de septiembre.
