Empresarios, técnicos y expolíticos de CDC desfilan ante la Audiencia Nacional por el 3%
La corrupción que sepultó a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y motivó su reconversión en el PDeCAT vuelve a tener una cita judicial esta semana. Un total de 23 empresarios, técnicos y expolíticos nacionalistas desfilan desde este lunes por la Audiencia Nacional para comparecer como imputados –investigados, según la nueva denominación– en el caso del 3% de presuntas comisiones pagadas por constructores al partido a cambio de obras públicas.
El esquema delictivo descrito por los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo y el juez de El Vendrell (Tarragona) que instruyó el caso durante tres años ha sido acogido por el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata. Las conductas de los investigados, según el juez, podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios públicos, malversación, fraude, blanqueo, financiación ilegal de partidos, falsedad en documento mercantil o tráfico de influencias.
A grandes rasgos, el 3% habría consistido en un entramado por el que, a través de donaciones a fundaciones ligadas a CDC, se financiaba ilegalmente el partido. A cambio, los políticos habrían alterado entre 2008 y 2013 concursos públicos de la Generalitat y ayuntamientos convergentes para que terminaran ganando las constructoras que realizaban las donaciones a las fundaciones CATDEM y Forum Barcelona. Las mordidas ascienden a un millón de euros, según la Guardia Civil.
Los primeros integrantes del triángulo presuntamente delictivo en comparecer ante De la Mata serán los investigados de CDC: el exresponsable económico y jurídico del partido, Francesc Sànchez; la exjefa económica financiera, Anna Dolors Benítez; y el exgerente y coordinador de área económica, Carles del Pozo. Los investigadores sitúan a Sànchez como el “conseguidor” o “mediador político” de la trama, esto es, el responsable de reunirse con empresarios para “informarles” de los detalles de las licitaciones de obras.
En distintos correos electrónicos intervenidos se constata que Sànchez se reunió en 2013 con al menos de los empresarios investigados, el presidente y el consejero delegado en Catalunya de la constructora Oproler, Sergi Lerma y Josep Manel Bassols (que ya comparecieron ante el juez de El Vendrell el año pasado). El objetivo de las reuniones, según el juez, era acceder a información privilegiada y a la evolución de licitaciones de la empresa municipal de obra pública de Barcelona, BIMSA.
Los empresarios, además, se referían a Sànchez con el nombre en clave de “Fernando”, al igual que el “Gerardo” por el que apodaban al exconseller Germà Gordó, otro de los nombres clave del caso. Respecto a Benítez y Del Pozo, los indicios apuntan a que colaboraron junto al extesorero Andreu Viloca, también imputado, en la puesta en marcha de la estructura financiera de la trama. Según los investigadores, las cuentas de las fundaciones afines y de CDC funcionaban como una “caja única”: el dinero de las presuntas mordidas primero llegaba a las cuentas de la Trias Fargas, la CATDEM o Forum Barcelona como donación de una constructora, y luego “sin que medie una justificación aparente”, acababan en CDC.
Vives y Cambra: el 3% en el Puerto
El jueves comparecerán los imputados de más peso político: el exconcejal de Urbanismo de Barcelona durante el gobierno de Xavier Trias, Antoni Vives, y el presidente hasta esta semana del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra. Según De la Mata, Cambra mantuvo reuniones “reuniones frecuentes” con empresarios antes de otorgar dos contratos millonarios: la ampliación del dique Sur (adjudicada por 10,6 millones a Copisa y Vopi 4) y los accesos al dique Este (39 millones adjudicados a la UTE formada por las empresas Copisa, Benito Arno e Hijos y Comsa).
En el caso de Vives, destaca el fiasco de la plaza de las Glòries: la empresa de obra pública municipal, Bimsa, había adjudicado en febrero de 2015 –a tres meses de las municipales– un contrato por 60 millones con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copisa, Rogasa y Benitó Arnó i Fills. La oferta que ganó el concurso fue un 24% más baja que el precio por el que se licitó la obra.
Vives, como expresidente de Bimsa, también intervino, expone De la Mata, en la adjudicación por parte del Consorcio de Educación de Barcelona de un contrato para el mantenimiento de sus edificios, así como las obras en la Avenida del Paralelo, la calle Luca, el Mirador de las Aguas, las obras del Puerto y un carril bici en el Poblenou. Algunos de los empresarios se intercambiaron correos en los que indicaron que “se tendría que mirar de hacer una gestión con Vives” antes de la adjudicación de la obra.
Precisamente el martes y el miércoles declararán los responsables de Bimsa y otros exaltos cargos municipales de la etapa Trias: el exdirector general de Bimsa, Ramón Massagué; el exgerente, Constantí Serrallonga; y el exdirector de infraestructuras, Ernest Santolaria. Y también comparecerán como investigadas las exdirectivas de la empresa de obra pública de la Generalitat, Infraestructuras.cat, Pilar Matesanz e Isabel Muradàs.
El viernes será el turno de los empresarios Ambrosio Martínez (Copisa) y José Miarnau (Comsa). Y la semana que viene comparecerán el resto de constructores: José María Zaragoza y Pedro Javier del Llano (Oproler), Ramón Anglada (Rubau Tarrés), Joan Albert Arqués (Benito Arnó), Antonio Cañellas (Construcciones Deco), Ramón Blázquez (Certis), Joan Maria Pujals (Impulsa Grup), Antonio García Bragado (Tec Cuatro), Jordi Soler (Grup Soler) y Jordi Durán (Urbaser).
