La Audiencia Nacional apunta a los CDR al vincular a los siete encarcelados con su “estrategia global”
La sombra del terrorismo planea sobre parte del movimiento independentista. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enmarcado a los siete miembros del denominado Equipo de Respuesta Táctica encarcelados dentro de una “estrategia global del independentismo radical más combativo” identificado con los Comités de Defensa de la República. El objetivo, lograr la independencia “por cualquier vía, incluidas las violentas”.
Lejos de apuntar a que actuaran por libre, el juez sostiene en el auto por el que ha enviado a prisión a los detenidos que todos ellos “pertenecen a los CDR”, en concreto a un sector de los mismos “más radical, clandestino y comprometido encarnado por el ERT”. De hecho, uno de los motivos que ha llevado al juez a decretar prisión es la posibilidad de que los investigados perpetran un ataque debido a su “alto nivel de profesionalización”.
Si bien el juez lo encuadra dentro de los CDR, el ERT presenta una diferencia fundamental con los comités que nacieron para evitar la intervención policial en las escuelas el 1-O. Y es que, según el juez, el ERT tiene una “estructura jerarquizada”, frente al funcionamiento asambleario de los CDR que habían coincidido en describir tanto los activistas independentistas como los investigadores de la Guardia Civil en la causa del procés.
En una causa que permanece bajo secreto de sumario, los autos de prisión del juez García Castellón de este jueves constatan que la investigación de la Guardia Civil ha constado de pinchazos telefónicos y seguimientos a los detenidos. El único ejemplo concreto que expone el magistrado es una “maniobra que se gestó en la máxima clandestinidad”, por la que los investigados habrían planteado un encuentro “con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso”.
En su auto el juez apunta a una investigación que se alargará debido a la enorme cantidad de material químico, informático y documentos incautados en los registros del pasado lunes. Esos materiales serían ácido sulfúrico, parafina y aluminio en polvo. Fuentes de las pesquisas también señalaron que se hallaron “anotaciones con los componentes de la Goma-2” aunque en ningún caso esta sustancia.
La investigación sobre los llamados Equipos de Resistencia Táctica supone un salto cualitativo y cuantitativo en las pesquisas contra los CDR. Varios activistas han sido o están investigados en juzgados catalanes por cortar carreteras o provocar altercados en las protestas que siguieron al 1-O. Algunas de estas causas se han archivado, y el resto, como la que afecta a una decena de jóvenes por los incidentes durante el Consejo de Ministros en Barcelona del año pasado, no van más allá de los delitos de desórdenes públicos o atentado contra los agentes de la autoridad, castigados con un máximo de cuatro años de cárcel.
Por contra, en el caso de los siete encarcelados este jueves, la gravedad de las penas que pueden afrontar por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos –pueden sumar más de treinta años de prisión–, junto con el riesgo de fuga, destrucción de pruebas y de que el grupo actuara, ha llevado al juez a decretar la prisión provisional. En la causa hay otros dos investigados, que permanecen en libertad a la espera de ser citados por el juez.
El hasta ahora único intento del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo –que también representa al Ministerio Público en la causa de los ERT– de introducir el terrorismo en las acciones de los CDR fue el caso de Tamara Carrasco. En aquella ocasión el fiscal se topó con el rechazo del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. De la atribución de los delitos de terrorismo y rebelión por parte del fiscal inicialmente se ha pasado a una causa por un solo delito de desórdenes públicos que una jueza de Barcelona tiene que decidir si archiva.
Fuentes de las defensas de cinco de los encarcelados, que ejerce la organización Alerta Solidària, han negado cualquier vinculación de los detenidos con la violencia y con cualquier grupo violento o terrorista y han lamentado que el juez no haya optado por medidas menos gravosas debido al arraigo familiar y en sus municipios que tienen los investigados.
Asimismo, han denunciado “falta de colaboración” en la defensa por parte de las dos letradas de oficio de Madrid que han asistido a los otros arrestados, que sí han contestado a las preguntas del fiscal. La negativa a renunciar a los letrados de oficio por parte de estos dos investigados, cuyos familiares habían designado a los abogados de Alerta Solidària, ha sorprendido en especial a las defensas de la entidad independentista.
A 600 km. de la Audiencia Nacional, la bronca política ha vuelto al Parlament entre los grupos independentistas y Ciudadanos, mientras en la calle se han sucedido las concentraciones de apoyo a los encarcelados en una veintena de poblaciones catalanas. Familiares de los encarcelados han leído un manifiesto en Sabadell para llamar a la “unidad” y reivindicar que “el independentismo no es terrorismo”. Para este sábado se ha convocado una manifestación en Sabadell.
