El fiscal acusa a Convergència de crear un “tinglado criminal” con el Palau y Ferrovial desde la Generalitat

El fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled, no ha dejado títere con cabeza tras más de cuatro horas de exposición de su informe final en el que ha acusado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de cobrar comisiones. En una dura intervención, Sánchez Ulled ha definido al Palau de la Música como “la cañería” a través de la que las presuntas comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública llegaban a CDC, y ha señalado al partido y a los exresponsables del auditorio y de la constructora como responsables de conformar un “tinglado criminal”.

Como ya hizo este lunes con la frase con la que enmarcó el caso –“la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera” –, Sánchez Ulled ha combinado las consideraciones sociopolíticas con las referencias técnicas y documentales para intentar convencer al tribunal de que CDC, que se sienta en el banquillo como partícipe a título lucrativo del saqueo de Fèlix Millet y Jordi Montull, cobró comisiones de Ferrovial.

Así, el fiscal ha empezado su intervención exponiendo el “esquema mental” sin el que no se puede encontrar explicación al caso. Esa “forma de pensar” que está detrás, a su juicio, de la trama de financiación irregular de CDC se corresponde con la figura retórica de la sinécdoque, por la que “se toma” la parte por el todo, en este caso el partido por la Generalitat. Dicho de otro modo, que Convergència usurpó la Generalitat y confundió país y partido.

Según el fiscal, Ferrovial pagó 6,6 millones en comisiones a CDC a cambio de cuatro obras públicas adjudicadas en el último Govern de Jordi Pujol. La constructora habría canalizado las comisiones usando su patrocinio al Palau de la Música de casi once millones en una década como tapadera, que para Sánchez Ulled es un “grueso de aportaciones que se disfraza patrocinio pero no lo es”.

Las comisiones habrían llegado al partido a través de entregas de efectivo de hasta 3,7 millones a los extesoreros convergentes Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osàcar (para quien el fiscal pide ocho años de cárcel). Para los exresponsables de Ferrovial en Catalunya, Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, reclama cinco años de cárcel.

Otros 2,3 millones corresponderían a facturación falsa que el Palau hizo a empresas por trabajos prestados en realidad CDC, tal y como admitieron algunos empresarios acusados. Los 600.000 euros restantes se habrían vehiculado a través de convenios falsos del Palau con la fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, y que tras el estallido del escándalo se devolvieron al auditorio.

Osàcar no pudo “hacerlo solo”

El fiscal también ha querido explicar porqué en el banquillo de los acusados se sientan el partido y su extesorero, pero no ningún cargo político. “A nadie se le escapa que el tesorero solo no puede organizar todo esto”, ha apuntado. En este sentido, ha comparado a Osàcar con “el gatillo de la pistola”, aunque ha matizado: “No es toda la pistola”.

Sin embargo, ha justificado que no se ha podido acusar a ningún cargo político por prevaricación “por prudencia”, ya que las cuatro adjudicaciones investigadas no son “arbitrarias” aunque vengan “motivadas por una comisión ilícita”. “Que no haya acusado por ninguna arbitrariedad no quiere decir que no hubiera una conducción teledirigida y retribuida con dinero” de Ferrovial a CDC, ha añadido.

Asimismo, Sánchez Ulled ha explicado que en su escrito de acusación reclama el decomiso de los 6,6 millones a CDC “o la formación que la haya sucedido”, en referencia al PDECat, porque, aunque CDC está presente en el juicio, “por los medios de comunicación no sé si este partido [CDC] está o no está”.

“Mecanismo étnico mental muy particular”

Uno de los dardos que ha mandado Sánchez Ulled en sus más de cuatro horas de exposición ha impactado en el extesorero de CDC acusado, Daniel Osàcar, que justificó los convenios entre la Trias Fargas y el Palau para que en las fiestas mayores de los pueblos “no pusieran solo música andaluza” y que “no se olvidaran de las sardanas, la coral o el esbart”.

Tras admitir que todo acusado tiene derecho a declarar lo que quiera para defenderse, el fiscal ha calificado de “insultante” la explicación de que “el Orfeó Català pagara a la Trias Fargas para que en las fiestas mayores se pusieran sardanas en vez de sevillanas”. Para el fiscal, esa versión es “reflejo de un mecanismo étnico-mental muy particular. Me parece propio de una película ..., en fin”, ha apuntado, sin acabar la frase.

Sánchez Ulled también ha disparado contra el exgerente de CDC y ahora diputado de JxSí, Germà Gordó. Ha considerado “curioso” que Gordó se reuniera con los exresponsables del Palau en 2005, cuando el partido estaba aún sin tesorero tras la muerte de Carles Torrent, el encargado de cobrar las presuntas comisiones de la constructora Ferrovial. Tras su fallecimiento, “hubo un impasse en las finanzas del partido”, hasta que fue nombrado tesorero Daniel Osàcar. A día de hoy, Gordó está pendiente que el TSJC decida si le imputa por el caso del 3%.

Por otro lado, el fiscal ha deslizado también una crítica a la actual presidenta del Palau de la Música, Mariona Carulla, que fue una de las que la semana pasada votó en contra de que el Consorcio acusara a CDC de lucrarse a través del expolio. Ha destacado que Salvador Oller, el fallecido comercial de las empresas de buzoneo Letter Graphic y Graphic que negoció con el Palau de la Música los contratos que habrían servido para enmascarar el presunto pago de comisiones a CDC con facturas falsas, había trabajado anteriormente en la empresa Gallina Blanca, perteneciente a la familia Carulla. “En fin, que todos nos vamos cruzando por todos sitios”, ha señalado el fiscal.

Documentación abundante

Desde el PDECat han considerado que las comisiones a CDC solo forman parte de una estrategia de los exreponsables del Palau para rebajar sus penas. En otras palabras, que es la palabra de Millet contra la suya. Consciente de ello, Sánchez Ulled ha centrado buena parte de su informe final en la abundante documentación incautada en el Palau que fundamenta su acusación. “La confesión perfila, pero tenemos documentos”, ha indicado.

Entre los documentos a los que Sánchez Ulled ha hecho más hincapié figura el documento de Excel con una columna de “Ferrovial”, y, al lado, otra llamada “pagos a Daniel”, señalado como Osàcar. También se ha referido a las cartas que Millet envió a Jaume Camps, en las que solicitaba su “ayuda para que se adjudicara alguna obra a Agroman o Ferrovial”, y a los faxes entre Millet y Buenaventura, en los que el exjefe del Palau le reclama pagos “para atender las necesidades que tú ya sabes”.

Sánchez Ulled ha remarcado que no encontraron más documentos en el Palau porque “las trituradoras funcionaron a pleno rendimiento” tras el primer registro de los Mossos en julio de 2009. Y pese a ello, ha añadido, en algunos documentos se ha encontrado que Millet hacía “cálculos de adjudicaciones, y no lo haría porque se aburría”.