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El Gobierno define la cumbre sobre el referéndum como “una exigencia de los radicales de la CUP”

Un signo de unilateralidad y una exigencia de la CUP. Así ha descrito el Gobierno la reunión que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado para el próximo 23 de diciembre para abordar la celebración de un referéndum. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha vinculado la cumbre con la necesidad que tiene el Govern de contar con los diez diputados anticapitalistas para aprobar los presupuestos.

De la cumbre del 23 de diciembre no saldrá ningún acuerdo político concreto más allá de una fotografía de la variedad de los asistentes –patronales, sindicatos, entidades– y una reafirmación de los independentistas en el referéndum. El Gobierno de Rajoy lo interpreta como un movimiento contrario al diálogo entre ejecutivos. “Nosotros estamos con la mano tendida y otros parecen estar en la unilateralidad”, ha aseverado Méndez de Vigo.

“La cumbre del referéndum es una exigencia de los radicales de la CUP y un signo de unilateralidad”, ha afirmado el portavoz, antes de pedir a Puigdemont que reconsidere su negativa a acudir a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará a principios del próximo año. Asimismo, ha reiterado la voluntad del Gobierno de rebajar la tensión y llegar a un acuerdo. “Estamos dialogando continuamente y continuaremos así”, ha apostillado.

En la reunión del 23 de diciembre Puigdemont ha invitado a participar a los integrantes del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (PNDD), que reúne al Ejecutivo catalán, partidos políticos favorables a la autodeterminación, sindicatos, patronales y organizaciones de la sociedad civil y económica. Es el referente más cercano a la cumbre que Puigdemont ha convocado.

El PNDD surgió en 2013 de un compromiso del entonces presidente catalán Artur Mas con el objetivo de involucrar en la defensa de la autodeterminación a la sociedad civil y no únicamente a la clase política. Terminaron por participar en sus reuniones los partidos y entidades independentistas o soberanistas. PP, PSC y Ciutadans rechazaron formar parte del PNDD y censuraron que sus reuniones se celebrasen en el Parlament. Los sindicatos sí participaron, mientras que también se sumaron todas las patronales salvo Foment del Treball.