El bloque independentista ha propuesto a tres candidatos a la investidura desde el 21 de diciembre pero, cuando la riada partidaria de la secesión toma la calle, los cánticos solo se acuerdan de uno: “Puigdemont, el nostre president!”. Tras el encarcelamiento del candidato Jordi Turull en medio de las dos votaciones de investidura y la detención, este domingo, del president cesado en Alemania, la calle ha vuelto a encenderse y, el independentismo, a la idea de investirlo.
“Hay que ver cómo hacemos a Puigdemont president, no simbólico sino de verdad”, ha asegurado este lunes la portavoz de JxCat Elsa Artadi en TV3. La diputada marcaba así el final de una lista de presidenciables en su partido que incluyó a Jordi Sànchez y a Turull y que ahora volvería a la casilla de salida con Puigdemont. Esa ha sido siempre la propuesta de la CUP, que desde el comienzo de la legislatura ha optado por conseguir mediante la desobediencia los objetivos que las resoluciones judiciales han puesto fuera de su alcance.
Lo cierto es que la investidura de Puigdemont, más allá de la votación a la que podría llegarse saltándose cualquier consideración a los tribunales, es formalmente muy difícil tras las medidas cautelares impuestas por el Constitucional a su candidatura. El alto tribunal prohibió al Parlament tanto votar a Puigdemont en ausencia como hacerlo sin el permiso del juez Llarena, además de vetar cualquier paso que permita encajar en la legalidad la investidura del president cesado.
Es por este veto de facto al nombre de Puigdemont que, retomar ahora su candidatura, obligaría a la Mesa y al presidente del Parlament a incurrir en un posible delito de desobediencia. Pero más allá de eso, la dificultad de la propuesta reside en que la votación sería inmediatamente recurrida al Constitucional y Puigdemont quedaría, con alta probabilidad, lejos de ser nombrado. Es decir, sin capacidad de formar un Govern ni de arrancar la legislatura, lo que desembocaría en una repetición electoral si no hay investidura efectiva.
Todas estas razones, que ERC ya esgrimía mientras la candidatura de Puigdemont estuvo activa, llevan de nuevo a los republicanos a hacer esfuerzos por enfriar la vía conocida como “legitimista”, por basarse en la idea de la “restitución del president legítimo” apadrinada por JxCat. Una cosa es que ERC esté dispuesta a defender una propuesta de resolución sobre los derechos de los presos a ser investidos y otra muy diferente que esté dispuesto a poner en riesgo a Torrent, uno de sus principales valores en ausencia de Oriol Junqueras y Marta Rovira, por una investidura que ni siquiera le permitiría formar Govern.
La reactivación de la idea de Puigdemont no es el único de los problemas en Esquerra. La detención de Puigdemont complica aún más que este y Toni Comín entreguen sus actas de diputado, lo que obliga a ponerse de acuerdo no solo con JxCat sino también con al menos un tercer actor. La lógica independentista indica que este sea la CUP pero, visto que los anticapitalistas no dará un 'sí' a nadie que no vaya con un nítido programa de ruptura, en el partido de Pere Aragonès miran ahora hacia los comuns. Si a la abstención de la CUP se le suma otra de los de Domènech, JxCat y ERC suman suficientes escaños para investir a un president.
La propuesta del Govern de concentración que implicaría esta fórmula es solo una más en la tormenta de ideas en la que se ha instalado el independentismo en las últimas horas. Por su parte, Jordi Sànchez también ha abierto juego al frenar su renuncia al acta de diputado y proponerse a su formación como candidato de nuevo. En el caso del expresidente de la ANC, su candidatura ha conseguido un reciente aval gracias a la admisión a trámite en el Comité de Derechos Humanos de la ONU de una demanda interpuesta por él.
Con la admisión a trámite, la organización supranacional insta a España a respetar los derechos políticos de Sànchez, amparados en el artículo 25 del artículo 25 del Convenio Internacional de Derechos Humanos. Exactamente el mismo al que alude la resolución que el Parlament aprobará para comprometerse a respetar el derecho de cualquier diputado preso, sea Puigdemont, Sànchez o Turull, a formar una candidatura a la presidencia de la Generalitat.