Junqueras denuncia ante el Supremo una estrategia del Estado para “criminalizar al independentismo”
Dureza inédita de la defensa de Oriol Junqueras en la causa contra la cúpula independentista que investiga el Tribunal Supremo. En un escrito dirigido al magistrado Pablo Llarena, la defensa del exvicepreident ha denunciado una estrategia del Estado para “criminalizar al independentismo catalán” mediante la “instrumentalización” de la justicia penal.
“Hubo un día en que la política a decidió que debía ”parar los pies“ o (en palabras del gobierno de España) ”descabezar“ al independentismo catalán. Una opción política legal y mayoritaria en Catalunya y, por tanto, imposible de ilegalizar, debía ser criminalizada, y a tal fin se diseñó o promovió una estrategia de ataque por distintos frentes con una clara instrumentalización de la justicia penal”, asegura el letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en su escrito, al que ha tenido acceso este diario.
La defensa de Junqueras realiza estas consideraciones en un escrito de alegaciones contra la decisión de Pablo Llarena de acumular a la causa del Supremo la investigación de la Audiencia Nacional al exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
En un auto del pasado viernes, Llarena puso los límites de su investigación: advirtió de que quedan fuera de su instrucción los encargados de ejecutar las órdenes de los líderes independentistas, los asesores del Govern o los máximos responsables de Diplocat. Todos ellos deberán ser investigados por otros juzgados (esencialmente, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y la Audiencia Nacional), mientras que el Supremo se limitará a sus 28 imputados, que conforman la cúpula del proceso soberanista: Puigdemont y sus exconsellers, la antigua Mesa del Parlament y los líderes de Òmnium y la ANC.
Si bien en otras ocasiones Van den Eynde había reclamado el archivo de la causa y, en caso contrario, que fuera instruida por el TSJ catalán por la presencia de aforados ante este último tribunal, el escrito plasma, por primera vez con tanta contudencia, en el plano jurídico las críticas políticas a la investigación al proceso soberanista.
“Creemos que es el momento de dejar constancia de las violaciones de derechos fundamentales que impregnan y contaminan el presente proceso [en el Supremo] a la vista de la forma en que se tramita y con especial referencia al complejo (e irregular) manejo de las reglas de jurisdicción, de competencia o de conexidad”, justifica el letrado.
Seis “piezas de puzzle”
A criterio de la defensa de Junqueras, la “instrumentalización” de la justicia penal contra el independentismo se demuestra por “las múltiples piezas de puzzle” que conforman las investigaciones sobre el proceso soberanista: el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, los interrogatorios de la Guardia Civil, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) –que ya ha enviado sus causas al Supremo–, la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Van den Eynde asegura que es “imposible” explicar jurídicamente esta “investigación procesal atomizada”, y que, a su juicio, “persigue un objetivo (para unos político y para otros jurídico): criminalizar al independentismo catalán”.
A criterio del letrado, los distintos procedimientos son un ejemplo de la “utilización estratégica de las reglas del proceso penal para la obtención de determinados resultados” en contra del independentismo. Critica Van den Eynde que las investigaciones judiciales se han basado en “criterios de oportunidad y en el derecho penal de autor” para desarrollar dicha estrategia política para “descabezar” al independentismo.
Llarena pide las comunicaciones entre Sànchez y Trapero
La causa de los preparativos del 1-O que investiga desde febrero de 2017 el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer de Barcelona ha alimentado la causa por rebelión del Tribunal Supremo: el documento 'Enfocats' y la Moleskine del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, bases de la acusación en el Supremo, fueron incautadas el 20 de septiembre durante los registros ordenados por el juez de Barcelona.
En esta misma línea, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O las escuchas e informes fundamentales de su causa. Entre ellos, un informe en el que figuran 47 comunicaciones entre el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el exmajor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el registro a Economía el pasado 20 de septiembre, entre las 12.00 horas de la mañana y las 21.00 horas de ese día, con más de 24 minutos de conversación.
Ni Sànchez ni Trapero tenían el teléfono intervenido por orden judicial el 20 de septiembre. Ese día, los registros ordenados por Ramírez Sunyer provocaron las protestas frente a la conselleria y el destrozo de tres coches de la Guardia Civil. La comitiva judicial tardó casi 24 horas en salir del edificio de Economía. La ANC y Òmnium desconvocaron la protesta por la noche. Ambas entidades, junto a los Mossos, vienen defendiendo que no obstaculizaron la labor de la Guardia Civil, al contrario de lo que cree el Instituto Armado, la Fiscalía y el juez Llarena.
El exlíder de la ANC está encarcelado desde el pasado 16 de octubre y es uno de los principales investigados en la causa por rebelión, mientras que Trapero tendrá que declarar de nuevo como investigado por sedición este viernes en la Audiencia Nacional. De hecho, el pasado 20 de octubre la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya pidió un informe sobre las llamadas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre de Trapero, la intendente Teresa Laplana, Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, este último también en prisión provisional junto al exlíder de la ANC.
