La jueza ve “legítimo” el despliegue sin orden judicial de la Policía frente a la sede de la CUP el 20-S y archiva el caso

La jueza de Barcelona que investigaba el despliegue sin orden judicial de la Policía Nacional frente a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017 ha archivado por segunda vez el caso al considerar “legítimo” el comportamiento de los agentes. Entiende la magistrada que, si bien no existió orden judicial alguna para el despliegue de antidisturbios frente a la sede de los anticapitalistas, la permanencia de los agentes durante casi siete horas estaba amparada por las instrucciones de la Fiscalía para impedir el referéndum.

En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza archiva el caso y exculpa a los dos únicos investigados por un delito de coacciones, el entonces comisario jefe de Información de la Policía en Barcelona, Juan Manuel Quintela, así como un responsable de la Brigada Provincial de Extranjería. Se trata de la petición que habían hecho la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Por contra, la CUP, que ejerce la acusación particular, pedía llevar a juicio ambos mandos.

La jueza Sílvia López Mejía argumenta que no puede entenderse el despliegue policial como un delito de coacciones porque ningún agente cometió “ninguna actuación obstativa o impositiva” hacia los militantes cupaires o cualquier peatón que paseara por las calles Sardenya y Marina de Barcelona. Los agentes de la Policía, abunda la instructora, “se limitaron a permanecer en el exterior de sede de la CUP” después de intervenir en la calle carteles de la formación independentista en favor del referéndum.

La jueza enmarca además la actuación policial “dentro del seguimiento que la Brigada Provincial de Información de Barcelona venía realizando a cerca de las actividades colectivas e individuales relacionadas con el apoyo a la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre”, y lo avala porque la instrucción de la Fiscalía para impedir el 1-O afectaba no solo a las instituciones sino también a los particulares. Hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no asumió el mando para frenar el 1-O el 27 de septiembre no se limitaron las actuaciones policiales a los centros e instituciones públicas.

Cabe recordar que la misma ya archivó el caso hace un año con los mismos argumentos, pero que la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirlo al argumentar que el despliegue de los antidisturbios podría ser constitutivo de un delito de coacciones al usarse los agentes para “restringir la libertad ajena”. Fuentes de la CUP han anunciado que recurrirán ante la Audiencia de Barcelona el segundo archivo del caso.

Así, la jueza avala el despliegue, hasta pasadas las 20.00h, de la Policía porque de dentro de la sede de la CUP “se sacó diverso material propagandístico” a favor del referéndum, que fue intervenido por la Policía al mediodía. Y “ante la sospecha”, continúa la instructora, de que dentro del local de la CUP hubiera más material relacionado con el 1-O, la Policía decidió establecer el dispositivo que rodeó de antidisturbios la sede del partido. La Policía pidió a la Fiscalía que solicitara una orden judicial para entrar en la sede, pero el Ministerio Público no lo “estimó pertinente”, cierra la jueza.

“No consta que en el ínterin [de siete horas] ningún agente intentara acceder al local ni cualquier clase de actuación contra las 2.000 personas que se concentraron” frente a la sede, zanja la magistrada, que tilda de “proporcionada y ajustada” la actuación policial “ante la presencia masiva de personas que se congregaron precisamente para impedir la actuación de los agentes”, afeando así la actitud de los militantes y activistas de la CUP.

De esta forma, se cierra de momento la investigación penal de la actuación policial frente a la sede de la CUP. El partido había pedido además que el despliegue policial se dirimiera en los juzgados de lo contencioso administrativo, pero primero el juez de primera instancia y luego el TSJC lo desestimaron.

Tras la incautación del material, el despliegue de antidisturbios provocó una concentración de miles de militantes cupaires –y también de políticos de otros partidos como Xavier Trias del PDeCAT o Jaume Asens de BComú– para protestar por la presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Finalmente, la Policía no entró en la sede de la CUP. Todo ocurrió el pasado 20 de septiembre, jornada en que se produjeron varios registros en sedes de la Generalitat y protestas contra la actuación policial, la más importante frente a la conselleria de Economía.