Los 5 pasos del Govern hacia la consulta tras la suspensión del Constitucional

El Tribunal Constitucional suspendió la semana pasada el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N además de la ley de consultas que le daba amparo. Pese a esto, tras la reunión mantenida entre los partidos soberanistas el viernes en el Palau de la Generalitat, el Govern decidió continuar adelante con la consulta. Desde el pasado jueves 4 han sido los pasos dados por el ejecutivo para continuar con unos preparativos que el Constitucional prohibía explícitamente en su providencia.

1- Nombrar la junta electoral

La Comisión de Control es un órgano creado por la ley de consultas para hacer las funciones de junta electoral en los procesos de consultas populares no refrendarias. El miércoles de la semana pasada el Parlament aprobó la constitución de este órgano y eligió a sus 7 integrantes. El jueves a última hora Mas ratificó mediante decreto el nombramiento de los miembros de la comisión. El president destensaba con ese gesto la reunión que al día siguiente iba a mantener con los partidos del bloque proconsulta, que estaban molestos por la paralización de los preparativos.

La comisión de control, formada por juristas, politólogos y abogados de reconocido prestigio, se reunió por primera vez el domingo. Fue entonces cuando se conoció que uno de sus miembros, Quim Brugué, nombrado a propuesta de ICV, había renunciado al puesto al considerar que “no se daban las garantías democráticas” para celebrar la consulta soberanista.

El Gobierno español solicitó este martes al Constitucional a través de la Abogacía del Estado que declarase nula la creación de la comisión de control. El Alto Tribunal debe ahora esperar a las alegaciones que le presenten la Generalitat y el Parlament para debatir si admite o no este nuevo recurso, que de admitirse se sumaría a la suspensión de la consulta y de la ley de consultas.

2- Continuar con la campaña publicitaria modificada

El Govern había preparado una campaña publicitaria para animar al voto el 9-N, cuyos aspectos más visibles eran una web y un spot en televisión. Pero tras la suspensión del Constitucional, el ejecutivo catalán anunció la retirada del anuncio y que no actualizarían la web. Un día después de la reunión entre los partidos soberanistas, el anunció reapareció al mediodía en TV3. Sin embargo, el spot había sido modificado.

El anuncio comenzaba de la misma forma que el anterior, pero a los pocos segundos la imagen pasaba a negro donde un texto y una voz en off explicaban que la consulta había sido impugnada a instancias del Gobierno español. “Como consecuencia de esta impugnación –continuaba el spot– se informa que: La campaña ‘Tú decides’ ha sido suspendida de manera cautelar y temporal. El Gobierno catalán ha acordado promover las iniciativas legales, políticas e institucionales para garantizar el ejercicio del derecho a decidir el futuro político de Cataluña”.

El Govern había medido la nueva campaña informativa para sortear la suspensión judicial, de forma que no se citara la consulta del 9-N sino un más genérico “derecho a decidir”. Según reveló el diputado de la CUP en el diario Ara, la modificación de la campaña fue decidida en la reunión del viernes entre los líderes proconsulta.

3- Reabrir el registro de votantes y ampliar su plazo

El decreto de convocatoria del 9-N preveía que los extranjeros residentes en Catalunya y los catalanes en el extranjero se registraran para poder votar en la consulta soberanista. El plazo para solicitar el registro estaba establecido entre el miércoles 1 y el martes 7 de octubre. Pero las solicitudes no comenzaron a recogerse hasta el lunes 6, cuando se reabrió el censo de la consulta. Además, la Generalitat decidió ampliar el plazo y continuar tramitando las peticiones después del plazo establecido en el decreto.

El Govern justifica su decisión en la ley de Procesos Administrativos, según la cual las administraciones deben tramitar las solicitudes de los ciudadanos. El propio portavoz del ejecutivo, Francesc Homs, reconoció que los plazos no se estaban respetando por las “enormes dificultades” que estaba poniendo el Estado para llevar a cabo la consulta.

4- Comunicar los espacios de votación y coordinadores municipales por parte de los ayuntamientos

Tal como el decreto establece, los 947 ayuntamientos catalanes pueden comunicar al Govern los espacios asignados como centros de votación para el 9-N y deben nombrar un coordinador local para supervisar las actividades administrativas y logísticas de la votación. De no comunicar ningún espacio, el Govern entiende que están de acuerdo con los centros preasignados.

El plazo para los nombramientos de coordinadores terminaba 6 días después del decreto, 4 más en el caso de las comunicaciones de los espacios, pero el plazo también se ha ampliado sin establecer una fecha de fin. Por el momento 289 ayuntamientos han elegido un coordinador local y 167 han cambiado el centro de votación.

5- Nombrar juntas electorales territoriales

El último paso del Govern en el desarrollo de la ley de consultas lo dio Artur Mas este lunes al nombrar mediante decreto a los miembros de las 7 comisiones de seguimiento, unas juntas electorales territoriales encargadas de velar por el buen funcionamiento de las votaciones a lo largo del territorio catalán.

La ley de consultas divide Catalunya en 7 zonas electorales y a cada una de ellas le asigna una comisión de seguimiento formada por 5 personas. De los 35 miembros, 14 son elegidos a propuesta del Consejo de la Abogacía de Catalunya, 7 por el Colegio de Politólogos, otros 7 directamente por el Govern y 7 más propuestos por el Consejo de Gobiernos locales.

Consecuencias judiciales

Si estos actos tendrán consecuencias judiciales para los miembros del ejecutivo catalán o de los funcionarios es algo que a día de hoy está en debate. Según expica el catedrático en derecho penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt, el ejecutivo estaría esquivando las consecuencias penales al limitarse a desarrollar la ley de consultas y hacerlo mediante acciones no ejecutivas. “Hay un auto del Constitucional sobre una ley de tasa ecológica de Castilla-La Mancha”, señala el profesor. “El Gobierno castellanomanchego continúo desarrollándola pese a que estaba suspendida, y el Tribunal Constitucional dictaminó que mientras no hubiera actos ejecutivos, no había delito. Mientras todo sea una cuestión de papeles, como son las actuaciones del Gobierno catalán, no parece haber problema”, explica Queralt.

Según el jurista los problemas para el Ejecutivo de Mas podrían llegar en el momento en el que constituyerta mesas, o moviera dinero. “El Gobierno catalán ha optado por jugar la partida judicial hasta el final. Aunque tiene pocas opciones de ganar, está desgastando al adversario”, afirma. Sobre las posibles consecuencias para los funcionarios, Joan Queralt asegura que el Govern está intentando blindarles, evitando que actuen ejecutivamente.