Las peritos de Hacienda rebajan a un millón de euros la malversación en el 1-O que la Fiscalía cifra en tres millones
Tras el desfile de policías y votantes del 1-O, en el juicio del procés han empezado las pruebas periciales con una de las más determinantes. Cuatro técnicas del Ministerio de Hacienda han comparecido durante casi cuatro horas para determinar los fondos públicos de la Generalitat empleados en la votación. Las peritos han cifrado en casi un millón de euros los fondos públicos destinados al referéndum, una cifra que rebaja en dos millones los cálculos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Entre las partidas que las peritos no han incluido en los 917.648,39 euros (1,1 millones, IVA incluido) de gastos del 1-O destaca el millón de euros que presuntamente acabó en Unipost, según la Fiscalía, a cambio del envío de sobres y notificaciones a los miembros de las mesas. De toda la documentación analizada, han explicado las peritos, “no se pueden sacar conclusiones” ni una “trazabilidad de vínculo” entre una partida de dinero público dirigida a Unipost para realizar los envíos. Las acusaciones también incluyen en la malversación 900.000 que supuestamente son el coste del alquiler de centros del 1-O.
Sí han incluido en gastos públicos del 1-O los pagos a los observadores de la votación en viajes, hoteles y manutención, los anuncios de la Generalitat del referéndum que emitieron TV3 y Catalunya Ràdio, la campaña de publicidad del registro de catalanes en el exterior y las partidas para una web que traducía al inglés artículos del diario ARA. Las defensas han cuestionado que todas estas partidas estén relacionadas con el 1-O y que se puedan atribuir a los acusados.
Pese a los intentos de las defensa, en especial del abogado y exconseller Francesc Homs, el anuncio del 1-O que emitió TV3 ha emergido como el gasto más claramente vinculado a la votación. Y no ha sido gracias a la investigación de la Guardia Civil, sino a las facturas por valor de 336.143,34 euros (IVA incluido) que la presidenta de los medios públicos catalanes, Núria Llorach, envió a la conselleria de Presidencia para cobrar los anuncios. Se ha encargado de recordarlo la perito Teresa Hernández: “Nosotras no podemos determinar el valor del anuncio, hemos partido del valor que la propia corporación de medios públicos le dio a la campaña”.
La conselleria de Presidencia no llegó a pagar las facturas a TV3 y finalmente han quedado anuladas, pero las peritos han querido dejar claro que el quebranto económico se produce al prestarse un servicio –en este caso, la grabación y emisión del anuncio–, independientemente de si luego la administración lo paga. Las acusaciones sostienen las mismas tesis que las peritos, mientras que las defensas se agarran a que varios de los gastos finalmente no se abonaron.
Respecto a la segunda partida más destacada –266.506,54 euros (IVA incluido) comprometidos para la campaña publicitaria del registro de catalanes en el exterior–, las defensas han cuestionado que se pueda incluir en los gastos del 1-O porque el registro estaba pensado para que los catalanes que viven en otras países pudieran tramitar sus tarjetas sanitarias, el carné joven o reservar campamentos de verano.
Las peritos han reconocido que el registro se empleaba para todos estos usos ajenos a la votación, pero han defendido incluir los gastos de la campaña en lo relacionado con el 1-O porque en los anuncios aparecía un mapa de Catalunya “desgajándose” del resto de España y una pregunta de “sí o no”, en palabras de Hernández. Asimismo, han recordado que la propia asesoría jurídica de la Generalitat suspendió los pagos de 266.000 euros a las empresas que hicieron el anuncio porque el registro estaba bajo investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona por su posible relación con el 1-O.
No obstante, a preguntas de Jordi Pina, las peritos han situado la campaña en marzo de 2017, medio año antes del 1-O y cuando la responsable de la conselleria de Presidencia de la que dependía la campaña era Neus Munté, que no está acusada. El exconseller de Presidencia Jordi Turull, que se expone a 16 años de cárcel, asumió el cargo en julio.
