Menos de 30 días para desbloquear Catalunya: ¿Qué quiere Puigdemont?
La mayoría independentista insiste en que no quiere que haya nuevas elecciones aunque reconoce que apurará el plazo para evitarlas. Queda menos de un mes para elegir a un president o presidenta pero aún se darán un par de nuevos giros al guion imprevisible en que se ha convertido la política catalana. Junts per Catalunya pretende aprobar antes de dos semanas la reforma de la ley de la presidencia, que permitiría una investidura a distancia de Carles Puigdemont. Una fórmula que tanto el Tribunal Constitucional como los letrados del Parlament consideran que ahora es inviable.
La fecha que JxCat tiene señalada en el calendario es el 3 de mayo, día en el que se celebrará el próximo pleno parlamentario. El grupo de Puigdemont está acelerando todo lo posible para que su reforma pueda ser votada ese día ya que, si se deja para otra semana, corren el riesgo de que Moncloa utilice el control del Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) para retrasar la publicación y la entrada en vigor del nuevo texto.
Según el Estatut, quien controla el DOGC -ahora el Gobierno central gracias a la aplicación del artículo 155- puede retrasar la publicación de una ley aprobada hasta 15 días. Contando con que el Parlament se disuelve automáticamente el día 23 de mayo, el del día 3 podría ser el último pleno útil para dar margen a que la reforma sea publicada y que el Parlament tenga tiempo de investir a Puigdemont.
El president cesado no ha confirmado públicamente su intención de ser el candidato aunque su entorno más próximo lo da por hecho. ERC y el PDeCAT lo tienen también asumido, aunque los republicanos dudan de que la tramitación de la reforma legislativa pueda estar lista tan pronto como desea el grupo de Puigdemont. Según fuentes republicanas es muy improbable que la iniciativa de JxCat pueda llegar al pleno del día 3 de mayo con los trámites cumplidos, sobre todo cuando el día 1 no es día hábil como plazo de enmiendas.
Por esta razón, en el bloque independentista se albergan dudas sobre la idoneidad de no tener preparada una alternativa a la investidura de Puigdemont. Sobre todo cuando la nueva ley será recurrida por el Gobierno central en cuanto se promulgue y acabará, sí o sí, en la mesa del Tribunal Constitucional. Si incluso así se logra someter a votación el nombre de Puigdemont, Moncloa podría parar también el nombramiento. Es decir, será una votación simbólica, aunque JxCat se niega a calificarla de este modo.
Una contrarreloj
En caso de que Puigdemont logre ser votado no podrá ser presidente y habrá que correr para investir a otro candidato que sí esté en condiciones de poder formar gobierno. La mejor posicionada sigue siendo Elsa Artadi pese a que ella continúa sin postularse.
A falta de acordar el nombre del elegido o elegida, en lo que están de acuerdo tanto ERC como PDeCAT es que hay que evitar como sea que el desenlace final sea una repetición electoral. La última encuesta, publicada por La Razón, vaticinaba que el bloque independentista perdería tres escaños y por lo tanto se quedaría sin la mayoría en el Parlament.
