Los gobiernos de Sánchez y Torra chocan el primer día por la intervención financiera de la Generalitat
Choque, al menos de criterios, entre el nuevo Govern de Quim Torra y el equipo del presidente Pedro Sánchez el primer día de trabajo para ambos. Mientras que el vicepresident Pere Aragonès ha anunciado el levantamiento de la intervención total de las finanzas de la Generalitat impuesta el pasado septiembre, desde el entorno del líder socialista el mensaje era que, por el momento, las cosas seguían igual.
Aragonès ha hecho el esperado anuncio según ha entrado este lunes en el departamento de Economía, convertido en vicepresident económico. En una notificación enviada por la interventora de la Generalitat a todos los departamentos se informaba de que las medidas impuestas por el Gobierno el 15 de septiembre pasado habían quedado sin efecto. Esto implica que el Govern recupera la capacidad de hacer pagos por sí misma y que volverá a recibir los fondos del sistema de financiación.
Además la consejería tiene previsto dejar de enviar los informes de gasto semanales, tal como había impuesto el ministro Cristóbal Montoro, como también dejará de remitir la llamada “Declaración responsable”, unos documentos con los que todos los interventores y responsables de empresas públicas han estado certificando el cumplimiento de la ley cada vez que se realizaba una contratación.
Sin embargo, diferentes voces de los socialistas han lanzado este mismo lunes el mensaje de que las cosas, por el momento, no se moverán. El secretario de organización del PSOE y uno de los hombres más próximos al nuevo presidente aseguraba por la mañana en Espejo Público de Antena 3 que las cuentas seguirían intervenidas, al menos por el momento, pese al final del 155. “Determinadas medidas que se tomaron deberán ir acompasándose a los ritmos de esa normalización. Si la normalización prospera es normal que todo se normalice. Pero hay que estar pendientes de ello, ni adelantándose ni postergando, sino acompañando”, ha considerado Ábalos.
En la misma línea se ha posicionado Miquel Iceta, quien ha respaldado el criterio de Ábalos pidiendo al nuevo Gobierno de Torra que haga una “declaración clara” de que está dispuesto a obedecer la legalidad. Esto, ha considerado, ayudaría a que se levantase la intervención económica, ya que “el Gobierno debe garantizar que los cosas discurren desde el campo de la legalidad”.
Confusión entre las medidas de 2015 y de 2017
Ni Ábalos ni Iceta han explicitado a qué intervención se refieren. Y es que el Gobierno saliente ha tomado diferentes medidas, cada vez más duras, contra la autonomía financiera de la Generalitat. Así, las cuentas catalanas se sometieron en noviembre de 2015 a un “control reforzado” que obligaba a enviar un control de gastos mensual, entre otras medidas. Además condicionaba la inyección económica del Fondo de Liquidez Autonómico a una serie de partidas de destino finalista.
En septiembre de 2017 estos controles pasaron a ser una intervención completa, gracias un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Esta orden impedía a los organismos de la Generalitat hacer pagos directos, obligaba a enviar un control de gastos semanal y a firmar las ya citadas “declaraciones responsables” para cada contratación.
Aunque la primera no fue considerada estrictamente una intervención, en diferentes momentos políticos de formaciones diversas se han referido a ello como una intervención, lo que ha llevado a una cierta confusión entre las medidas de 2015 con las de 2017. La aparente diferencia de criterios entre socialistas y republicanos no se resolverán, por tanto, hasta que el nuevo ministro de Hacienda tome posesión y decida qué medidas se mantienen y cuáles no.
Montoro previó que las medidas se levantaran con el 155
Lo cierto es que las medidas de intervención aprobadas el 15 de septiembre de 2017 están levantadas a todos los efectos. La razón de esto es que, aunque la primera intervención económica se realizó antes de la aplicación de la intervención política con el 155, posteriormente el ministerio de Montoro vinculó ambas cuestiones.
Ocurrió el 22 de diciembre, el día siguiente a las elecciones, cuando un nuevo acuerdo de la Comisión Delegada dejó sin efecto las medidas del 15 de septiembre, para aplicar unas de carácter similar pero ahora subordinadas a la aplicación del 155. De esta forma, el final del 155, ocurrido el pasado sábado con la toma de posesión de los nuevos consellers, levantaría a su vez esta intervención. Por esta razón, si el nuevo Gobierno de Sánchez quiere imponer controles más duros que los de 2015 a Torra, muy probablemente deberá acordarlos de nuevo.
