El Supremo decide a partir de este martes si tumba la mayor privatización de la historia de la Generalitat
La denominada 'guerra del agua' catalana que enfrenta a Agbar, Acciona y a la Generalitat encara su batalla final. El Tribunal Supremo decide a partir de este martes si tumba la privatización de Aigües Ter–Llobregat (ATLL), la mayor de la historia de Catalunya. La sala de lo contencioso del alto tribunal examina los recursos a la sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló la concesión durante 50 años de la empresa pública de aguas a un consorcio encabezado por la multinacional Acciona.
El TSJC anuló todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat en 2012 para adjudicar la gestión de la empresa pública a Acciona por considerar que vulneró los principios básicos de la contratación pública. El “eje central del litigio”, señaló el TSJC, fue el calendario de obras que debían cumplir los candidatos a quedarse con ATLL, que la Generalitat no publicitó de forma adecuada.
En consecuencia, el TSJC declaró nuló el conjunto del procedimiento de contratación, y no sólo la decisión de adjudicar ATLL a Acciona, por tener el concurso “un vicio producido con anterioridad” a que Agbar y el consorcio liderado por la participada de la familia Entrecanales presentasen sus ofertas.
Aigües Ter-Llobregat es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua “en alta” (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana. Abastece a unos 4,5 millones de catalanes, lo que, junto al volumen económico de la operación, da cuenta de la importancia de la privatización.
El conflicto por la gestión de la empresa pública se remonta a finales de 2012, y enfrenta desde entonces a las empresas Acciona y Agbar. El Govern de Artur Mas, en plena fiebre de austeridad y para cuadrar el desbocado déficit público, privatizó ATLL con el Govern en funciones, justo antes de las elecciones de noviembre de 2012.
La operación se rubricó la última semana de diciembre. Esto permitió a la Generalitat recibir del consorcio ganador encabezado por Acciona un total de 298,6 millones de euros. Pero se apuntó contablemente 1.000 millones para reducir 0,5 puntos el déficit público de 2012, es decir, todos los ingresos esperados durante los 50 años de duración de la privatización.
En función del criterio del Supremo, cuya decisión se espera para finales de febrero, el nuevo Govern puede tener un quebradero de cabeza grande o pequeño. Si el Supremo ratifica la decisión del TJSC y anula todo el concurso y no sólo la adjudicación a Acciona, el Govern tendría que devolver los 300 millones cobrados en 2012, y se podría enfrentar a una reclamación del consorcio ganador por lucro cesante, habida cuenta de los beneficios que ha dado la operación a Acciona.
Además, una sentencia contraria generaría al mismo tiempo un problema en términos de déficit público. Y por si no fuera suficiente, la CUP ha exigido que ATLL vuelva a ser pública para votar a favor de la investidura de Puigdemont, mientras que ERC se comprometió la pasada legislatura a devolver ATLL a manos públicos si el Supremo anulaba la concesión.
