El Supremo activa el trámite para preguntar al Tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras
Giro de guion inesperado en la batalla de Oriol Junqueras para convertirse en eurodiputado. El Tribunal Supremo ha activado el trámite para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo sobre el alcance de la inmunidad como eurodiputado del líder de ERC, tal y como Junqueras había pedido después de que el Alto Tribunal le impidiese salir de la cárcel para jurar el cargo ante la Junta Electoral Central.
Lo que, en resumen, se trataría de consultar a la Justicia europea son dos cuestiones. En primer lugar, si la inmunidad –el derecho de los diputados a no ser detenidos, procesados o juzgados sin la autorización de la Eurocámara– entra en vigor desde el mismo momento de su elección. Y también si dicha inmunidad protege al eurodiputado electo frente a medidas como la prisión provisional que, como en el caso de Junqueras y por decisión del Supremo, hacen imposible su acceso al cargo.
En una providencia, el tribunal da tres días a las acusaciones y a la defensa de Junqueras para que argumenten si es necesario elevar a Luxemburgo la cuestión prejudicial. La decisión final que tome el Alto Tribunal es clave para dirimir si el líder de ERC puede acceder al cargo. El Supremo precisa que la eventual cuestión judicial se limita a la pieza separada que mantiene a Junqueras en prisión provisional, no a la causa principal del procés pendiente de sentencia.
El Supremo denegó excarcelar a Junqueras para que tomara posesión del cargo porque la jura de la Constitución ante la JEC del pasado 17 de junio era la primera parte de un único proceso para ser eurodiputado, que culmina el 2 de julio en el pleno de constitución de la Eurocámara. Y si Junqueras viajara al Europarlamento, señalaron los togados, “se pondría en un irreversible peligro” la emisión de la sentencia, ya que el líder de ERC, al quedar fuera de la jurisdiscción española, podría fugarse. De ahí que se le denegara acceder al acta de eurodiputado en Madrid, una “limitación temporal” de sus derechos políticos condicionada a la próxima sentencia del procés, recordaron los magistrados.
La defensa de Junqueras recurrió y pidió al tribunal plantear una cuestión prejudicial ya que, según expuso el letrado Andreu Van den Eynde, no hay ninguna norma europea que habilite al Supremo a impedir temporalmente el acceso al cargo de eurodiputado de Junqueras. Argumentó además que la inmunidad está vigente desde el pasado 26 de mayo, cuando fue elegido por los votantes, por lo que la negativa del Supremo a dejarle salir de la cárcel para jurar el cargo era “incompatible con el derecho de la Unión”.
Por contra, la Fiscalía pidió al tribunal que confirmara su rechazo a excarcelar a Junqueras para que fuera eurodiputado, y manifestó que la inmunidad no entra en vigor hasta que se constituye la Eurocámara. El tribunal presidido por Manuel Marchena desestima la petición de la Fiscalía y se decanta por abrir desde el propio Supremo la puerta a la vía de la Justicia Europea, a la que Junqueras acudiría de todos modos.
Los magistrados indican que existe una “posible incidencia” del derecho a la inmunidad de los eurodiputados en la situación de prisión provisional del líder de ERC y en el rechazo a excarcelarlo para jurar el cargo. El Supremo acota el objeto de la posible cuestión prejudicial al momento en que entra en vigor la inmunidad de Junqueras y a su incidencia en la negativa a dejar salir de prisión al líder de ERC para jurar el cargo.
De ahí que el tribunal pida a Fiscalía, Abogacía del Estado, Vox y la defensa de Junqueras decir si hay que acudir al TJUE para que resuelva la discrepancia y, en caso afirmativo, qué pregunta plantear a los jueces de Luxemburgo. Al tratarse de una cuestión prejudicial, son los magistrados de cada estado miembro quiénes preguntan al TJUE cómo resolver.
La normativa europea prevé que mientras la Eurocámara esté en período de sesiones sus diputados gozarán de inmunidad, lo que impide que sean detenidos o procesados salvo en caso de delito flagrante o que el conjunto de eurodiputados decida retirarle este derecho.
