El Tribunal de Cuentas abre el procedimiento para que Artur Mas pague los 5,1 millones que costó el 9-N
Artur Mas y los otros tres condenados por el 9-N podrían terminar pagando la factura de la consulta soberanista. El Tribunal de Cuentas ha abierto este miércoles el procedimiento que podría concluir con la exigencia al expresident, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega y al exconseller Francesc Homs para que asuman de su bolsillo –o con su patrimonio– los 5,1 millones de euros públicos que costó el 9-N.
En sendos autos, el Tribunal de Cuentas ha rechazado las alegaciones de la Generalitat, que pidió no investigar a los expolíticos por el 9-N, y ha ordenado abrir la causa, cuyo primer paso será el nombramiento de un delegado instructor que practique las diligencias necesarias.
La denuncia a Mas, Rigau, Ortega y Homs ante el Tribunal de Cuentas la interpusieron dos entidades contrarias a la independencia –Sociedad Civil Catalana, y Abogados Catalanes por la Constitución–, y la apertura de diligencias contó con el respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
En su auto, la consejera de cuentas Margarita Mariscal de Gante (ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar), considera que la denuncia de Societat Civil Catalana contra Mas, Rigau, Ortega y Homs “identifica de manera suficientemente precisa unos hechos de los que pudiera haber derivado un daño a fondos públicos generador de responsabilidad contable”. En consecuencia, propone a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas que nombre a un instructor.
Ninguno de los cuatro expolíticos fueron condenados por malversación de fondos públicos. De hecho, no llegaron ni a ir a juicio por este delito. El magistrado que instruyó la causa penal en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) consideró que las compras de la Generalitat para el 9-N se hicieron antes de desobedecer al Constitucional, por lo que no cabía procesar a los expolíticos por malversación.
Mas, Rigau, Ortega y Homs, finalmente, solo fueron condenados por un delito de desobediencia, y no al de prevaricación que también reclamaba la Fiscalía. Con todo, Sociedad Civil Catalana denunció a los expolíticos ante el Tribunal de Cuentas para que asumiesen los gastos del 9-N.
En concreto, la entidad contraria a la independencia señala como responsabilidad contable de los expolíticos, que asciende a un total de 5,1 millones de euros, los siguientes gastos: la web del 9-N (14.837,6 euros), las papeletas y los sobres (70.532,08 euros), los ordenadores portátiles de la votación (2,8 millones), la campaña de publicidad institucional (828.171,42 euros), el seguro para los voluntarios (1.409,26 euros), el apoyo informático al 9-N (1,1 millones) y el envío de información (307.962,71 euros).
