Primera condena a dos miembros del Sindicato de Inquilinos por una protesta contra su casera

Una jueza de Barcelona ha condenado a 720 euros de multa por un delito de coacciones a una pareja por una protesta contra la casera que les subió el alquiler y luego desahució ante su negativa al incremento de renta. Se trata del primer fallo judicial contra miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, en un caso que adquirió relevancia por el apoyo que prestaron a la pareja varios políticos, entre ellos la actual ministra de Igualdad, Irene Montero.

La sentencia no acoge la totalidad de las pretensiones de la Fiscalía y la acusación particular de la casera, Esther A., que pedían hasta un año de cárcel, si bien para el Sindicato supone “un intento” para frenar las protestas contra los propietarios, en palabras de su portavoz, Carme Arcarazo. La defensa de los inquilinos recurrirá el fallo ante la Audiencia de Barcelona.

En esta nueva sentencia, la magistrada condena a la pareja de inquilinos, Juan H. y Livia A., por un único hecho: la protesta en la oficina de la inmobiliaria que gestionaba los pisos de la propietaria, durante la cual el administrador envió un correo electrónico a la propietaria en el que anunciaba su renuncia a seguir llevando las fincas.

El administrador envió el correo porque se vio coaccionado por la “intimidación ambiental” derivada de la irrupción en la oficina, según concluye la magistrada en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La acción en la oficina del administrador, ocurrida en diciembre de 2018, fue una de las movilizaciones que el Sindicato de Inquilinos de Barcelona y la Oficina Popular de la Vivienda del barrio de Gràcia llevaron a cabo para protestar contra la subida de alquiler que la propietaria planteó a la pareja, que desde 2007 vivía en el piso con sus hijos. La propietaria solo accedía a renovar el contrato con una subida del 30%, hasta 1.300 euros, y se negó a entablar negociación alguna. Fueron desahuciados el 20 de diciembre de 2019 tras dos intentos frenados por los vecinos y el Sindicato. 

La jueza responsabiliza a los acusados y al resto de personas “no identificadas” que participaron en la protesta de dirigirse al administrador de fincas e indicarle que enviaba el correo o “volverían todas las veces que fuera preciso”, extremo que negaron tanto la pareja de inquilinos como el resto de miembros del Sindicato que participaron en la protesta. En su declaración los acusados aseguraron que desconocían el correo.

En cambio la magistrada resalta que la redacción del correo electrónico “fue supervisada por los acusados y sus acompañantes” con el objetivo de “presionar” a la casera (que no estaba en la oficina en el momento de la protesta) y tratar así de evitar el aumento del alquiler.

Para llegar a esta conclusión la magistrada se basa únicamente en la declaración del administrador de fincas que redactó el correo y una de sus empleadas. En el juicio, el testigo no señaló a los acusados como los responsables directos de la coacción sino que se limitó a señalar que se encontraban en el interior del local.

Pese a que reconoce que no se ejerció violencia sobre las personas ni la oficina sufrió daños materiales, la jueza argumenta que la protesta generó una “intimidación ambiental a la que no pudieron ser ajenos ambos acusados en la medida en que se encontraron en todo momento en el interior del local” del administrador de fincas, que fue lo que a la postre provocó el envío del correo.

La portavoz del Sindicato, Carme Arcarazo, recuerda que el caso de esta pareja “fue de los que creó conciencia social en favor de la regulación de los alquileres”. La portavoz del Sindicato destaca además que gracias a la ley catalana que limita los precios del alquiler a día de hoy el desahucio de la pareja no hubiera sido posible. En los últimos meses el Sindicato ha visto cómo dos de sus últimas campañas en contra de las subidas de alquiler terminaban en los tribunales, en lo que consideran una criminalización del derecho a la protesta. En la otra causa juzgada antes del verano su portavoz, Jaime Palomera, terminó absuelto.

Sin acreditar su participación en el resto de protestas

La jueza descarta que los acusados participaran en el resto de protestas por las que estaban acusados –una segunda manifestación en la inmobiliaria, otra frente al lugar de trabajo de su arrendataria, las llamadas a su puesto de trabajo para negociar la renovación del contrato y el reparto de folletos en los buzones del domicilio de la propietaria acusándola de mantener una “actitud prepotente”.

También rechaza la sentencia, tal y como mantenían las acusaciones, que las declaraciones que la pareja realizó a TV3 durante una de las protestas constituyan un delito de injurias, ya que tan solo se limitaron a “exponer la situación en que se encontraba la vivienda y del incremento del alquiler, con la imposibilidad de asumir la subida”, sin menoscabar el honor y la intimidad de la propietaria.

La dueña del piso reclamaba además una indemnización a sus antiguos inquilinos, extremo que desestima la magistrada al considerar que no se puede establecer una “relación de causa efecto” entre la protesta de diciembre de 2018 y la baja laboral por estrés que cogió seis meses después.