“Los refugiados siempre encontrarán rutas, están eligiendo entre una muerte segura y una muerte probable”

Pascale Coissard es responsable de incidencia y comunicación de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) desde 2011. Coissard estudió Ciencias Políticas y un Máster en Mediación, además de Filología Árabe, y vivió en El Cairo como voluntaria de una ONG dedicada al reasentamiento de refugiados, en aquella época sudaneses que llegaban a Egipto en dirección a Canadá.

Desde que comenzó a trabajar en el CCAR-CEAR, una de las entidades junto con Accem y Cruz Roja encargadas de la gestión de los planes de refugiados en Cataluña, las peticiones de asilo en Cataluña —y en todo el Estado— no han dejado de crecer: de las 400 solicitudes en 2012 se ha pasado a más de 1.400 en 2015, y 489 en los tres meses que llevamos de 2016. Este incremento responde a las personas que piden solicitud en Cataluña, llegadas desde aeropuerto o desde las fronteras del sur (Melilla) o del norte (La Jonquera), un incremento como reflejo de la crisis del Mediterráneo, pero en todo caso un fenómeno que no tiene nada que ver con las cuotas de reasignación (16.000 refugiados le corresponden a España, han llegado 18) de la Unión Europea.

Desde el CCAR llevan meses reclamando un fortalecimiento de los recursos y más plazas para las personas que ya están en el territorio y optan al programa de asilo; y más si, como ofrece la Generalitat, finalmente Cataluña tiene que hacer frente a 4.500 personas más en los próximos meses.

Diferenciamos conceptos: una cosa es la cuota asignada por la UE y la otra la gente que ya tenemos en el territorio.

Desde los medios ha habido mucha desinformación. Hasta el punto de que en los últimos días nos llamaban y nos decían: 'Mientras no vienen los refugiados asignados por cuota, ¿qué hacéis?'. No se tiene en cuenta que hay muchas personas que vienen por su propia cuenta (la mayoría por el aeropuerto de Barajas, de hecho). No es necesario que vengan por la ruta de los Balcanes o por Grecia, para ser refugiados. Desde que hay ley de asilo en España, la primera del 1984, hay solicitudes de asilo.

En septiembre pasado, alertábais: si ahora mismo llega una persona se encontrará en la calle por la lentitud de la admisión de solicitudes.

Esta persona quedaba registrada como solicitante de asilo, el Ministerio estaba al corriente, y si había plaza en algún lugar (aquí, en Gran Canaria o donde fuera) se le concedía, pero el problema es que había tan pocas plazas que la gente tenía que esperar dos o tres meses para entrar en el programa. Esto se ha reducido porque hemos trabajado mucho. En el CCAR, en la comisión encargada de la comisión, éramos solamente nueve personas. Dormimos muy poco para equipar las 92 plazas que tenemos en la actualidad.

Las solicitudes de estas personas que entran por su propia cuenta también han aumentado.

En todo el Estado, entre 2014 (6.000 solicitudes) y 2015 (más de 14.000) ha habido un 200% más de solicitudes de asilo. Hay personas en todo el Estado; por lo tanto, trabajo hay. Y mucho. Desde septiembre, además, cuando se hizo un real decreto extraordinario para poder crear más plazas, hay mucha más faena: en abril, entre las tres entidades que gestionamos el asilo en Cataluña [CCAR, Accem y Cruz Roja ], hemos creado 250 plazas, cuando en septiembre sólo había 28.

¿El perfil de quien llega por su propio pie o quien está a un campo es el mismo?

Es igual esto: si están en el Estado, que lleguen por reasentamiento o por su propio pie, no hace que cambien sus derechos y deberes. Las personas que huyen son de todo tipo: desde gente que en sus países de origen tenía una posición social elevada a otra que está perseguida por orientación sexual o religiosa. Hay muchos motivos. No son refugiadas sólo las personas que huyen de conflictos sino que lo son todas las que tengan algún tipo de persecución, sea cual sea. Esta persecución, por diversas razones, no la discrimina sólo la categoría social.

¿Cómo se tiene en cuenta qué necesita cada persona que llega?

Cuando hacemos un itinerario sociolaboral entran los medios de la persona, si puede sustentarse sola, no recibirá las mismas ayudas que alguien que no tiene dinero. Este itinerario quiere llevar a las personas hacia la autonomía. Un itinerario de una persona a otra es muy diferente: un niño deberá escolarizarse, un joven buscará otros estudios, una persona activa quizás deberá homologar, y con una persona mayor nos tendremos que centrar en trabajar de forma estrecha con servicios sociales para hacer inserción, por eso son individualizados los planos. Hemos tenido aquí programadores informáticos que sólo con el inglés, en pocos meses, ya tenían trabajo. No es una cuestión sólo económica. Después hay quien, claro, ha pagado no sé cuanto a una mafia y es más vulnerable por cuestiones económicas. Pero por eso queremos vías seguras: para evitar que alguien tenga que morir ahogado, coger una neumonía o endeudarse.

Cuanto más regulado...

Más barato: el tráfico provoca traumas. Cuanto más regulado el tráfico, más se evitará el gasto y que luego se esté mal aquí, en el país de acogida. Tener que parir en una tienda de campaña provoca un trauma de por vida. Un mecanismo digno de reasentamiento evitaría traumas y haría que no necesitáramos psicólogos o educadores sociales de por vida.

¿Cuáles son las fases del Plan de Acogida?

Una persona que llega a España por sus propios medios, ya sea por Ceuta y Melilla o por el aeropuerto, solicita el asilo y durante su solicitud tiene derecho a un initerari socio-laboral que puede durar entre 18 y 24 meses, en función de la vulnerabilidad de la persona. Esto comienza por la acogida (seis meses, prorrogable a nueve meses), que es residencial: como es el caso de la Casa Bloc, por ejemplo. Durante estos seis primeros meses tienen todas las necesidades básicas cubiertas gracias al Ministerio de Asuntos Sociales, responsable de la acogida de las personas refugiadas, que en este caso delega en Cataluña en CEAR-CCAR, Accem y Cruz Roja. Este itinerario no cubre sólo las necesidades básicas, se empieza a trabajar también la inclusión de la persona para que acabe siendo ciudadana de pleno derecho; desde clases de castellano hasta homologación de títulos, o necesidades especiales. La segunda fase (seis meses) ya es integración en sí, y ya no está en recurso residencial.

¿Los 24 meses son suficientes?

Depende de las personas, hay quién con 18 no tiene autonomía. Hay quién, después de seis meses, sólo necesita el catalán y tiene facilidades para trabajar por su titulación. Pero muchas personas vienen traumatizadas, por violaciones de derechos humanos o pérdidas de familiares y amigos. La situación de trauma hace que no estén al 100% de la capacidad de aprendizaje. Vemos personas muy cracks en su país que aquí están bloqueadas. Muchos no pueden dormir y todo el día piensan en lo que les ha pasado, reviviendo la situación. Por eso hay un seguimiento psicosocial de las personas.

¿Basta con 250 plazas?

Las personas están seis meses, y hay una rotación. No se necesitan 2.000 plazas, claro. También algunas personas renuncian a la plaza de acogida por tener familiares, o llegamos a otros pactos con ellos...

¿Estáis preparadas, en todo caso, las entidades si a estas personas se suman las asignadas por la UE?

Las entidades han sufrido muchos ERE en estos años: menos personal, más personas que atender. Ahora la situación se está revirtiendo, pero queda mucho por hacer.

¿Ha aumentado la financiación del CEAR?

La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado hemos firmado convenio con el Ayuntamiento para las personas que se quedan fuera del itinerario del Ministerio porque con 24 meses no tienen suficiente, pero es muy reciente (diciembre) este convenio. También han aumentado desde septiembre las donaciones de particulares y tenemos más socios. Se nota la sensibilización, claro. El número de solicitudes en España no es comparable a Alemania o Grecia pero es que nosotros [las entidades en el Estado] estábamos en precariedad total; desde que los medios se hicieron suya la situación de las personas del Mediterráneo, hemos notado mucha más solidaridad.

Si el 2015 se recibieron 1.400 solicitudes y ahora se llevan 489 en dos meses y tenemos 250 plazas... ¿Cómo es que la Generalitat ofrece acoger 4.500? ¿Cómo lo hará? ¿Es sólo una pose mediática?

Esto deberíamos pedirselo a la Generalitat. Pero, básicamente, ellos sólo proponen tenerlos en Cataluña, pero abrir las plazas a través del Ministerio, entiendo: consideran que quien tiene la financiación es el Ministerio, y quien tiene que poner las plazas son ellos. Oriol Amorós quiere que las competencias en asilo sean gestionadas por la Generalitat.

Pero siguiendo el ejemplo de la cesión de la Casa Bloc, con alquiler social... ¿no podrían ceder más plazas?

Nosotros no sólo tratos tenemos alquileres con administraciones, hacemos tratos con particulares también. Los municipios también tienen otras infraestructuras que nos dejan a precio más barato (como en Sabadell, donde trabajamos desde 2004). No todo se cesión de la Generalitat. No se debe minimizar lo que hacen para que el hecho de que nos ayuden a buscar lugares, ya es un gran qué. Hace unos meses la respuesta era mínima. No sé si me contento con poco, pero ya me parece positivo. Pero bueno, nosotros publicamos aquel vídeo sobre 'Qui dona menys'... Y, la sensación, es que continúa la subasta de refugiados.

Si vinieran los 4.500, ¿estaríamos preparados?

Se debería hacer un dispositivo de urgencia. Pero en todo caso, sí lo estamos. No son tantos: si piensas en la cuota de refugiados del año pasado, de haberse cumplido, sería 1 de cada 10.000 españoles. Un 0'01% de la población. No creo que se note mucho si se hace este reparto entre las comunidades: 4.500 en Cataluña serían un poco más pero creo que tenemos capacidad, sinceramente. No todos los refugiados necesitan tres años de seguimiento.

Cuando la Generalitat dice 4.500, ¿ha hablado con vosotros? ¿Saben de la situación que tenéis?

Quizás tienen un plan paralelo. [Ríe] En serio, no será sólo a través de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado que podremos acogerlos a todos: 4.500 no tendríamos capacidad mañana, pero esto se prevé pautado.

¿Las instituciones han reaccionado tarde y sólo por la presión mediática?

Desde Cataluña hubo una reacción antes: en 2011 se creó el Grupo de Protección Internacional, dirigido por la Generalitat y conformado por entidades de asilo. Ese plan se aprobó en 2014: había voluntad política. Pero aquello no se desplegó, le faltó seguimiento y financiación. Es triste, porque trabajamos tres años y el plan es vigente hasta 2018. En 2014, cuando peor estaban las personas refugiadas aquí, con 786 solicitudes en Cataluña y sólo 28 plazas, ya lo denunciamos. Estela Pareja, la directora del CEAR, llegó a denunciarlo en el Parlamento, incluso. La red asil.cat, creada en 2014, ya era para responder a esta necesidad de acogida; estábamos dejando personas sin atender, ya en aquel momento. Pero había otras prioridades, parece. La Generalitat ahora pide competencias, pero en realidad ya tiene un instrumento creado en 2014 y que está por desplegar.

¿Ese plan se verá soterrado por la urgencia?

Depende de lo que pase... todo va muy rápido. Con el acuerdo UE-Turquía, en principio el mismo lunes 4 de abril las personas se verían expulsadas. Y no sabemos qué pasará. Pero bueno, las personas encontrarán otro rutas por mucho que les cerramos las puertas... Porque están eligiendo entre una muerte segura y una muerte probable, así que habrá personas para atender mientras haya conflictos y violación de derechos humanos. El asilo no es una prerrogativa, es obligación de los Estados. Todos los estados europeos tienen esta deber, por eso el acuerdo UE-Turquía es ilegal.

Las cuotas no parece que prosperen.

Pues no, pero aunque el sistema de cuota no guste a los defensores de los derechos humanos —porque estamos hablando de números y no casos individuales— es una solución para desatascar la situación.