La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que llevó al Parlamento una iniciativa legislativa popular (ILP), ha pasado este martes la fase de Comisión pero tiene un incierto futuro por delante. El siguiente paso es que la Ley que regulará esta RGC sea debatida en Ponencia, a la que los diferentes grupos políticos tienen dos semanas para presentar sus enmiendas. La configuración política del actual Parlamento y las posiciones que se han ido prefigurando en la fase de comisión hace muy difícil creer que la Renta Garantizada de Ciudadanía que figuraba en la ILP que firmaron más de 120.000 personas sea aprobada sin cambios importantes por la Cámara legislativa catalana.
La Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración ha escuchado las ochenta comparecencias que han expuesto los pros y contra de esta ILP. Uno de los temas más controvertidos ha sido el del coste de esta Renta Garantizada, que, según el Gobierno de la Generalidad, en el informe que hizo llegar a la Comisión, costaría 3.660 millones de euros. En cambio, los promotores de la ILP reducen esta cifra a entre 1.500 y 2.300 millones de euros. Grupos políticos que han firmado la ILP, como el PSC o ERC, consideran que esta cantidad está fuera del alcance de la capacidad financiera de la Generalitat, si bien sus impulsores consideran que esta cantidad incluye partidas que se ahorrarían en otros apartados de gasto público, como la Renta Mínima de Inserción y otras ayudas sociales.
En la sesión de clausura de la Comisión intervinieron los dos portavoces de la ILP -Sixte Garganté y Diosdado Toledano- que expresaron su convicción de que el Gobierno catalán puede hacer frente al compromiso de garantizar que todos los ciudadanos cuenten con un ingreso mensual mínimo de 664 euros. La ILP también prevé que los núcleos familiares de dos personas reciban menos del doble de esa cantidad (1.129 euros) y así sucesivamente. Las unidades familiares de 7 personas recibirían 3.453 euros; es decir, menos de 500 euros cada una. A estas cantidades tendrían derecho todos los ciudadanos residentes en Cataluña y que no rechacen ofertas de trabajo dignas que se adapten a sus conocimientos y aptitudes.
Coincidiendo con la finalización de los trabajos de la comisión, la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), que agrupa a un centenar de organizaciones sin ánimo de lucro y que atiende a cerca de 800.000 personas al año, ha hecho pública una nota donde insta al Parlamento a aprobar con urgencia “medidas que aseguren unos mínimos vitales para todos”. “La urgencia de una prestación como la que plantea esta ILP, agravada por la reforma pendiente de la Renta Mínima de Inserción, exige acciones inmediatas que no pueden verse pospuestas ni interrumpidas por las elecciones del 27-S, y para garantizar esta continuidad instamos a las fuerzas políticas a incluir en sus programas electorales el acuerdo que adopte el Parlamento como punto de partida ”, se lee en este comunicado.
La RGC está recogida en el Estatuto de Autonomía vigente que indica, en su artículo 24.3, que “las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.
Los diputados están, por tanto, obligados a llegar a algún tipo de acuerdo que satisfaga este compromiso estatutario. Los portavoces de la ILP han anunciado, sin embargo, que retirarán su propuesta si consideran que queda desvirtuada tras pasar por la Ponencia y el Pleno del Parlamento.
Quedan 6 plenos antes de que se disuelva el Parlamento, si finalmente se celebran elecciones el 27 de septiembre, y hay 25 leyes en tramitación. En la última sesión de la Comisión, la portavoz de CiU en la comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, Ana Figueras, recordó a los promotores de la ILP que estas iniciativas tienen la ventaja de que no decaen si el Parlamento se disuelve. Es decir que CiU contempla que no se apruebe en este mandato. Entre la presión del poco tiempo disponible y las discrepancias entre los grupos políticos catalanes sobre esta cuestión, el futuro de la Renta Garantizada de Ciudadanía se presenta bastante incierto.