El 'TC catalán' avala el fondo del Govern para cubrir las fianzas de los encausados por el Tribunal de Cuentas

Luz verde del Parlament al decreto del Govern para avalar con un préstamo público las fianzas de los exdirigentes y funcionarios encausados por el Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores del procés. La Cámara catalana ha validado la norma tras las turbulencias políticas y judiciales de las últimas semanas con el respaldo del Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

El denominado 'Tribunal Constitucional catalán' ha dictaminado que el fondo creado por el Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas que ascienden a 5,4 millones de euros se ajusta al Estatut y a la Constitución. En su informe, que no es vinculante, el CGE concluye que la Generalitat “está habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos” como es el fondo, si bien recomienda algunos cambios en el decreto ley para que “desaparezcan determinadas dudas de su redactado actual”.

El dictamen del CGE, solicitado por PP, Ciudadanos y PSC, ha sido la antesala de la ratificación del decreto del Govern por parte del Parlament en el pleno de la tarde de este jueves. La norma ha salido adelante gracias a la mayoría independentista, el PSC y En Comú Podem se han abstenido y Ciudadanos, PP y Vox han votado en contra. Tras la publicación del dictamen, fuentes del Gobierno central han indico que lo estudiarán y que la Abogacía del Estado lo analizará para emitir el informe solicitado por el Tribunal de Cuentas, informa Esther Palomera.

El CGE aprueba el fondo creado por el Govern por dos razones. En primer lugar, porque no se trata de un préstamo a fondo perdido sino que el propio decreto obliga a los afectados a devolver el dinero en caso de condena. Y también porque el fondo no supone ninguna “contradicción ni vulneración” de las funciones del Tribunal de Cuentas. Es decir, que el ente fiscalizador podrá emitir su futura sentencia sobre el caso pese al aval. El informe completo del CGE se puede consultar al final de esta información.

El aval del Govern a los encausados, que ha provocado la primera crisis de la legislatura entre Junts y ERC y una tormenta en el ICF, se enfrenta a un examen jurídico de varias instancias: al margen del dictamen del CGE, el propio Tribunal de Cuentas pidió a la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, un informe ante las dudas sobre la legalidad del fondo del ICF. Y este miércoles la Fiscalía abrió una investigación penal sobre los avales tras admitir una denuncia de Ciudadanos.

Los cambios sugeridos

Las sugerencias del CGE afectan a dos artículos del decreto y a su disposición transitoria. El primero es el apartado de la norma que autoriza al ICF a ejercer directamente de avalista de los encausados después de que fracasara el plan inicial para que fueran los bancos privados quienes prestaran el dinero a los encausados. Y el segundo versa sobre las condiciones administrativas para que el ICF dé el aval y sobre su devolución.

El CGE solicita que el decreto clarifique más el momento en que los encausados deberán devolver el dinero que les ha prestado el ICF para cubrir las fianzas. El redactado actual de la norma fija el retorno del aval cuando finalicen las “vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales”, pero a criterio del CGE debería precisar si esta vía es el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de la eventual condena del Tribunal de Cuentas o bien un pronunciamiento posterior por vulneración de derechos fundamentales del Constitucional o la Justicia Europea.

Respecto al papel del ICF como avalista, el CGE recomienda que el decreto incorpore que su concesión debe ser el resultado de un procedimiento administrativo para dotar así a la norma de “mayor claridad y seguridad jurídica”. Y pide además que el decreto incorpore una “referencia explícita” a que se modifica la ley que regula el ICF, habida cuenta de que el papel de avalista a funcionarios públicos “se aparta en principio” de las funciones del instituto, dedicas exclusivamente al crédito para las empresas.

Solventadas las dudas jurídicas, el CGE deja claro que el fondo del Govern se ajusta a la legalidad: “La decisión de la Generalitat de apoyar a su personal hasta la obtención de una sentencia se convierte en un mecanismo no solamente válido para la protección de dicho personal sino también en defensa de los intereses propios de la administración cuando considere que sus competencias se han ejercido de manera conveniente y ajustada al marco estatutario y al ordenamiento jurídico”.