Arranca el anteproyecto de Ley de Garantías Ciudadanas: ya hay consulta previa
- Se trata del primer paso para la normativa derivada del Plan del mismo nombre que gestiona Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer ya llegar a la consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas en Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz (Podemos), sus opiniones y sugerencias, sobre el anteproyecto de ley que dará cuerpo normativo a esta iniciativa, enmarcada en la Estrategia de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en la comunidad autónoma. Con ello, arranca el camino de esta nueva ley, uno de los objetivos fundamentales de la formación morada tras su entrada en el Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page. El plazo de presentación de consultas y sugerencias está abierto hasta el 29 de diciembre.
Este proceso de participación que marca la normativa es paralelo al que la consejera ya ha abierto constituyendo las comisiones de coordinación y seguimiento, por un lado, y la de participación para contar con la “voz de la ciudadanía” en la implementación del Plan de Garantías, por otro.
La Mesa de Participación está integrada por sindicatos y ONG. “Necesitamos que desde la calle, desde las entidades y los agentes sociales nos hagan llegar tanto un seguimiento de las medidas del plan como todas las valoraciones y propuestas de mejora”, ha subrayado la consejera, con la mirada puesta en que la futura Ley de Garantías Ciudadanas sea “lo más participativa posible”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, mantiene Herranz, será un “agente canalizador” de las medidas, bajo el objetivo de que finalmente la Mesa de Participación se vaya articulando y gestionado “por sí misma”. Primero se desgranarán las medidas del Plan de Garantías pero también se analizarán situaciones más específicas, que pueden darse debido a la extensión y dispersión geográfica de la comunidad autónoma.
En líneas generales, el Plan de Garantías Ciudadanas pretende mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, reforzando la protección social y económica de las familias que lo precisen. Para ello, entre otras medidas, establecerá un registro único electrónico como instrumento de apoyo a la gestión y simplificación administrativa de los servicios y prestaciones contemplados.
El Plan contiene tres programas que cuentan con más de 140 millones de euros para su ejecución en 2018 y que ahora quieren ‘blindarse’ a través de la nueva Ley: el de garantía habitacional frente a la insolvencia sobrevenida, el programa de garantía de suministros básicos del hogar y un programa de garantía de rentas.
Reunión con el Ayuntamiento de Toledo
Precisamente, el concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo, y la consejera del Plan de Garantías han mantenido un encuentro en el Consistorio toledano para abordar la coordinación de las iniciativas que la Consejería contempla dentro de este proyecto. Ambos han coincidido en que se trata de una primera toma de contacto para analizar la realidad que viven las personas que peor lo están pasado en la ciudad y que sirve como punto de partida de una comunicación fluida.
“Pese a lo que nos puedan contar algunos, no hemos salido de la crisis, al menos los que peor lo están pasando”, ha subrayado el concejal de Servicios Sociales para decir que desde el Ayuntamiento se han paralizado tres desahucios en el último trimestre, se continúa combatiendo que haya gente que se quede sin agua o sin luz y se siguen tramitando ayudas de emergencia para aquellos que “no tienen que comer mañana”.
En este sentido, Javier Mateo ha destacado que el Plan no solo contempla efectos paliativos, medidas “de hoy para mañana”, sino que con él se vayan a sentar las bases para un régimen social “mucho más justo e igualitario” que permitirá prevenir nuevas situaciones de pobreza. Sobre la financiación para esta área de gestión municipal, ha dicho, “me da igual de qué administración venga” y ha señalado que espera que “llegue a la altura del presupuesto destinado antes de la época Cospedal” que rondaba los cuatro millones de euros y que durante la legislatura del PP disminuyó en más de un 50 por ciento, ha añadido.
Por su parte, Inmaculada Herranz ha explicado que es “imprescindible acercarse al ámbito local” porque cada municipio tiene sus peculiaridades y que este tipo de reuniones y espacios de trabajo son esenciales para establecer una comunicación y conocer así cómo se están desarrollando cada una de las medidas del Plan.
