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Denuncian que Castilla-La Mancha se ha convertido en “destino deseado” de basura industrial de toda España

Vertedero de Alameda de la Sagra (Toledo)

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Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas al año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan “altas dosis de contaminación”, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches, junto con una gran degradación del territorio. Así lo ha denunciado Ecologistas en Acción para poner sobre la mesa varios ‘puntos negros’ en esta comunidad autónoma en cuanto a residuos.

Según afirman, estas cifras contrastan con las incluidas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha de la región, que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los mismos provenían de otras comunidades autónomas, por lo que “ahora el porcentaje sería aún mayor”.

Concretamente, y como ejemplo, apuntan que cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado (Cuenca) se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, “lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas”.

A este respecto, afirman que la futura Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha “llega tarde y desenfocada”, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el “objetivo deseado de los residuos industriales de España”. Más tarde aún, añaden desde Ecologistas, llegaría la tasa de vertido de residuos que “como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021”.

“A falta de tasas, el Gobierno da alas al 'dumping' medioambiental”

Entre las causas que apunta este colectivo sobre el incremento del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha, se encuentra el hecho de que el Gobierno regional esté poniendo en práctica una política de “dumping medioambiental” para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de “competencia ventajista” tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

“Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara”. Ecologistas en Acción apunta que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada; y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay nueve centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de cinco, y solo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año. Destaca así cuatro casos especialmente llamativos: los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta.

El “mayor vertedero privado” de España

Por otra parte, en breve, el “mayor vertedero privado” de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

En cuanto al tercer caso, el vertedero de la planta de Alameda de la Sagra (Toledo) sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo “comprobar numerosas irregularidades” entre las que cabe destacar el estado “muy deficiente” de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Tras recordar también el caso del incendio en la planta de residuos de Chiloeches, cuyo procedimiento penal sigue en marcha, el colectivo ecologista considera que esta situación “no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas”, sino con “resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos”.

“La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo. En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España”.

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