Derivaciones a la sanidad privada: en busca de convenios con centros de regiones limítrofes

Las derivaciones de pacientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a centros privados fueron durante la legislatura pasada uno de los caballos de batalla del PSOE cuando se encontraba en la oposición frente a María Dolores de Cospedal. Estas operaciones se multiplicaron entonces, pero mediante la transferencia de pacientes sobre todo a clínicas de Madrid, lo que supuso numerosas quejas y perjuicios desde aquellas provincias más alejadas de la capital del país. Sigue siendo un caballo de batalla del PSOE estando en el Gobierno, pero ahora busca mejorar estas derivaciones mediante criterios de cercanía.

Con este objetivo ha sometido a consulta pública previa la modificación de la orden que establece el procedimiento para la vinculación de centros privados de atención sanitaria especializada. El objetivo es cambiar la regulación en esta materia para poder realizar convenios con centros de este tipo ubicados en comunidades autónomas limítrofes, que en el caso de Castilla-La Mancha son hasta siete: Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Extremadura.  

Según apunta el Ejecutivo, en la actualidad la oferta asistencial privada en la comunidad autónoma es en algunos casos “insuficiente” para cubrir la demanda solicitada por el SESCAM y, en otros, el paciente “se ve obligado a realizar largos desplazamientos”. Por eso, la modificación de esta orden pretende mejorar la eficacia en la atención a los pacientes de modo que, en el supuesto de que sea necesario, “sean atendidos en centros privados vinculados ubicados a la menor distancia posible de su domicilio habitual y con la menor lista de espera”.

Una “mejor atención a los pacientes”

Para ello, el SESCAM suscribiría convenios de vinculación con centros sanitarios de otras comunidades limítrofes, logrando una mayor eficacia en la atención al paciente. Con ello, se “mejoraría la eficacia y la atención de los pacientes” en esos supuestos excepcionales, y aconseja por ello la modificación de la normativa actual.

Insiste el Gobierno en que estas derivaciones son situaciones extraordinarias. En comparecencia en las Cortes castellano-manchegas, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se hizo eco del informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que establecía que esta comunidad autónoma mantiene el grado más bajo de privatización de todo el Sistema Nacional de Salud. Explicó que, considerando la asistencia sanitaria proporcionada por terceros, hay que destacar que “en la derivación de consultas externas, desde el año 2016, se han realizado cero derivaciones”.

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, apuntó un descenso significativo entre los años 2014 y 2015, de la anterior legislatura con el cierre de 2017, ya que en esos primeros dos años el número de intervenciones fue de 8.348 y 7.905 respectivamente, mientras que en 2017 ese número se reducía casi a la mitad con 4.449 procedimientos quirúrgicos derivados.

Se trata de una cuestión que, pese a las acciones en la legislatura anterior, ahora el PP sigue reprochando desde la oposición. Durante el presente año han mantenido sus acusaciones al Gobierno de tener comprometidas partidas que superan el cien por cien del presupuesto en derivaciones a la sanidad privada.