Así explican los vecinos de Almendros a tres administraciones su rechazo a una macrogranja porcina

La Asociación para la Defensa de la Economía Responsable de Almendros (ADERA) ha  remitido un informe técnico y jurídico a José Martínez Jiménez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), sobre las “afecciones reales” del proyecto para poner en marcha una explotación porcina que daría cabida a 2.685 cerdas con lechones de hasta 20 kilos en este municipio conquense.

Detallan, entre otras, cuestiones en las que, dicen, “es competente” el organismo de cuenca. Tienen que ver con los recursos hídricos de la zona y su uso y solicitan que los servicios técnicos de la CHG elaboren “los informes pertinentes en los aspectos competentes, que pueden afectar ante la preceptiva Licencia de Obras del proyecto y de su actividad”.

El colectivo vecinal cree que “a los problemas y efectos desfavorables para la población y el entorno, que la explotación de la macrogranja va a generar” se suman  los relacionados con “el suelo, la contaminación de los acuíferos o los recursos necesarios de agua para una industria dependiente de un bien tan escaso”.

En su opinión, “existe afección al dominio público hidráulico” y así lo hicieron constar en el recurso de alzada presentado ante la Junta tras darse luz verde a la evaluación de impacto ambiental integrada. Y es que, recuerdan, el emplazamiento de la futura explotación porcina ocupa la cabecera de uno de los arroyos estacionales que vierten al Gigüela y la zona de policía de otro (Arroyo del Muerto).

En este aspecto aluden al Reglamento del Dominio Público Hidráulico y a la Ley de Aguas que restringen la ocupación de cauces y limitan las actuaciones en zona de policía. Pero además, advierten, “una actuación de este tipo, con el almacenamiento de 6.521 m3 de purín en la cabecera de dos arroyos tributarios del Gigüela y la distribución mal gestionada de purines va en contra de los objetivos de protección del dominio público hidráulico”.

En contra del proyecto apuntan también que “no están garantizados los servicios de suministro de agua ni electricidad para la concesión de la licencia de actividad ni queda claro la dotación de agua que necesitan para la actividad, ni el punto de suministro ni la potencia eléctrica necesaria” porque, según detallan, ni  en la memoria del proyecto ni en los planos, se describe como se pretenden obtener los recursos hídricos necesarios.

No está clara ni la fuente de abastecimiento de agua ni la cantidad necesaria

Encuentran contradicciones en la fuente de abastecimiento propuesta y un “baile de cifras” en cuanto al consumo final de agua en los distintos documentos consultados o aportados a las administraciones competentes. Se solicitan 15.000 m3 a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que, en su opinión, “no serán suficientes”.

Sostienen que los promotores se han ajustado “al máximo” que concede el Plan Hidrológico del Guadiana a través del Programa de actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira. En concreto se determina que para uso ganadero se limitará a un volumen máximo anual de 15.000 m3 y define también las dotaciones que no podrán superar los 2,8m3 por cabeza al año. Una cifra muy alejada de la que se especificaba en el documento de evaluación de impacto ambiental  (26.437 m3).

En el documento remitido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana también se hace referencia a la falta de datos, “ni en la memoria del proyecto ni en los planos” sobre cómo se pretende obtener el suministro eléctrico necesario. “Solamente se menciona genéricamente que se cumplirá el Reglamento Electrotécnico correspondiente. Siendo por tanto imposible evaluar las repercusiones o impactos de la actividad”, sostiene el colectivo ciudadano. También creen que la actuación afecta a una zona forestal en el término municipal de Almendros  por lo que entendemos que la Declaración de Impacto Ambiental no se ha otorgado correctamente“.

En cuanto al suelo que ocuparía la explotación, señalan que al estar en parte de una zona de policía debe considerarse como suelo rústico no urbanizable de protección ambiental y no hay excepciones porque “ni la actuación es compatible con la mejora de zonas de ribera, ni responde un uso público”.

Otra de las cuestiones que reseña el informe es que la afección a un pozo de suministro de agua potable a la población que se encuentra a poco más de medio kilómetro de la futura explotación. “El emplazamiento de la instalación merecería estudio detallado de las posibles afecciones a dicho pozo (estudio hidrogeológico detallado), ya que una contaminación del mismo, además de revestir consecuencias para la salud humana sería muy difícil, por no decir imposible, de restablecer para el consumo humano”.

 Se trata, detallan, de un pozo de sequía para abastecimiento humano declarado como Zona Protegida por la propia Confederación.“Este pozo no es considerado correctamente en el proyecto al no definirlo de abastecimiento público. Además no fue identificado para el informe del órgano de cuenca”, añaden.

El (vecino)Parque Arqueológico de Segóbriga

El documento remitido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana recoge también otras cuestiones que reflejan también la preocupación de los vecinos por la afección que el proyecto empresarial podría tener sobre el Parque Arqueológico de Segóbriga. De hecho, han remitido un segundo informe centrado en esta cuestión a a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, a la Viceconsejeria  de Cultura, al propio parque arqueológico y al Ayuntamiento de Almendros.

A la Junta de Castilla-La Mancha y al propio Parque Arqueológico, que hoy gestiona la Diputación de Cuenca, en virtud de un convenio con el Gobierno regional, les piden la elaboración de informes que dejen claro si este lugar patrimonial puede o no verse afectado por la contaminación atmosférica dada la emisión de gases (azufre, amoniaco…) desde la explotación porcina y que, sugieren, “podrán dar lugar a lluvia ácida, con las consecuentes repercusiones sobre la región del Parque, sus instalaciones y la afección a la salud de las personas que lo visiten”.

También preguntan sobre el impacto que tendrían las emisiones de malos olores y si su paisaje se vería afectado. “Las edificaciones de la macrogranja, por emplazarse en una zona de amplias llanuras, serán visibles desde el parque arqueológico, vulnerando el concepto de paisaje como patrimonio, auspiciado, defendido y regulado por la UNESCO y el Consejo de Europa”.

Al Consistorio le reclaman que antes de conceder la licencia de obras a los promotores, “justifique ante esa Dirección Provincial la inocuidad de la explotación porcina al Parque Arqueológico de Segóbriga, mediante la aportación de un Informe elaborado por técnicos especializados”. También le piden que facilite todos los informes todos los Informes y Estudios que al respecto se elaboren, así como los que sean requeridos a los Organismos, Entidades y Administraciones por dicha Dirección Provincial, sobre el posible impacto que el  proyecto de construcción de la referida granja porcina puede causar al Parque Arqueológico de Segóbriga.