Nou d'Octubre: Un nuevo año de reivindicación

Un año más llegó el momento de celebrar el aniversario del pueblo valenciano, setecientos setenta y ocho años desde el inicio en el territorio valenciano de una nueva etapa histórica que configuró una entidad político-administrativa que, a grandes rasgos, coincide con el actual territorio de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, que los valencianos de hoy en día identificamos con nuestras raíces.

Una efeméride que se cumple también al cabo de treinta y tres años de haber recuperado la identidad colectiva que, respecto al aspecto administrativo, se perdió en 1707 y, en cuanto a otros aspectos, había sufrido deterioros muy serios.

La recuperación de nuestra identidad político-administrativa dentro del marco del Estado de las Autonomías de la España democrática nos permitió recuperar nuestra trayectoria histórica de pueblo con capacidad de autogobierno dentro de marcos más amplios en los que desarrollar con más fuerza nuestras potencialidades: primero, la Corona de Aragón –en la cual nació nuestro Reino–; después, la España proyectada sobre cuatro continentes, desde Norteamérica hasta las Filipinas, pasando por Europa y África.

Sin embargo, no siempre fue fácil afianzar los intereses valencianos –e incluso la identidad valenciana– en estos marcos políticos más amplios. Las tendencias autoritarias –y al mismo tiempo centralistas y uniformizadoras– han sido casi siempre dominantes y también debemos decir que las élites sociales y económicas valencianas también casi siempre han sido solidarias de esas tendencias, puesto que han buscado su propia prosperidad de clase y, en el mejor de los casos, han mantenido su valencianismo reducido al ámbito doméstico otorgándole una dimensión secundaria.

La llegada de la democracia a España permitió reavivar la identidad valenciana; sin embargo, restituir la dignidad pública a los maltratados elementos identitarios de los valencianos –la lengua en primer lugar– ha sido más difícil. También lo ha sido afianzar una posición política de los valencianos en el conjunto del Estado para defender los intereses que tenemos como comunidad: uno de ellos, conseguir una financiación equiparable a la media de las comunidades autónomas para prestar los servicios básicos que necesitan los ciudadanos y desarrollar las políticas que corresponden a la Generalitat para que la Comunidad Valenciana pueda desarrollar una economía competitiva en unas condiciones que permitan el bienestar de los valencianos.

En el Estado de las Autonomías que es España, corresponde a las comunidades autónomas proporcionar tres de los cuatro principales pilares del estado del bienestar: la sanidad, la educación y la asistencia social. Por lo tanto, que las comunidades autónomas no dispongan de los mismos medios a cargo del sistema de financiación común del Estado para su prestación supone que no todos los españoles somos iguales al recibir dichos servicios básicos. Y que debamos dedicar recursos propios para igualar la prestación de estos servicios implica que debemos renunciar a una parte del resto de las políticas para las que otras comunidades pueden reservarlos: inversiones en infraestructuras, investigación y desarrollo, apoyo a la internacionalización de las empresas, cuidar nuestro medio ambiente, potenciar nuestra cultura y nuestros recursos turísticos, etc.

Para todo ello hacen falta unos ahorros que otras comunidades autónomas no necesitan mantener en la misma medida o debemos endeudarnos más que aquella, o un poco de las dos cosas. Sin duda, nos encontramos ante una situación de grave emergencia: 41.953 millones de euros de deuda acumulada a finales de 2015 con crecimientos del 15,1% y del 12,2% en 2014 y en 2015 y déficits presupuestarios no financieros de 3.608 y 3.511 millones en estos mismos años que suponían más de un tercio de los ingresos no eran ni son soportables.

Desde 2016, el primer año para el cual el actual Consell ha elaborado los presupuestos de la Generalitat, hemos abierto, forzados por una menor complacencia del Gobierno de España de la que había mostrado hasta ahora –también hay que decirlo–, un camino de consolidación para reducir los gastos, dentro del muy poco margen que existe, y para incrementar los ingresos pidiendo un poco más de solidaridad a los valencianos que se encuentran en una mejor situación económica.

Con esta combinación el Programa Económico Financiero de la Comunidad Valenciana para 2016-2017 prevé cerrar el año 2016 con un déficit presupuestario no financiero de 948 millones y que el 2017 baje a 704 millones de euros. Aun así, la deuda seguiría aumentando hasta situarse en 45.266 millones. Estamos ante un problema que los valencianos no podemos resolver solos porque es un endeudamiento que tenemos mayoritariamente con la Administración Central del Estado y la responsabilidad es, en buena medida, de la infrafinanciación que crónicamente ha sufrido la Comunidad Valenciana dentro del sistema de financiación autonómica.

No podemos resolver el problema solos, pero lo que está claro es que la solución la debemos reivindicar los valencianos todos juntos y en diálogo razonado con las otras comunidades autónomas del Estado, puesto que es el Estado quien incumple cuando no garantiza de facto el mismo nivel de servicios a todos los ciudadanos dando menos recursos a la Administración que los debe prestar.

Los valencianos hemos conseguido el consenso para reivindicar el fin de esta injusticia. Todas las fuerzas políticas representadas en las Corts y todos los representantes de las instituciones y entidades representativas de la sociedad valenciana lo han apoyado explícitamente. Por otro lado, el Consell ha abierto el diálogo con otras comunidades autónomas y ha conseguido que el órgano técnico que supervisa, por encargo de la Unión Europea, el déficit de las administraciones públicas en España haya tomado conciencia de nuestra situación.

Ahora solo queda que el nuevo gobierno que se forme en España tenga en cuenta los justos intereses –en este caso verdaderamente deberíamos decir necesidades– de los valencianos. De unos valencianos que no queremos renunciar a formar parte de un marco de convivencia más amplio, pero en el que también debemos poder hacernos oír y hacer valer nuestra identidad e intereses propios.