La aplastante victoria del conservador Boris Johnson en las elecciones del Reino Unido ha traído más relajación si cabe entre la población británica que reside en España y que entiende que su promesa de culminar el Brexit el 31 de enero es la luz al final de un túnel que no deseaban, pero que esperan cruzar de una vez.
La comunidad ‘guiri’ de la provincia de Alicante, la principal de España con casi 70.000 residentes de los casi 250.000 británicos que viven en el país, ha pasado de la preocupación inicial tras el referéndum de 2016 a la resignación y calma actual.
Una sensación que llega tras la ansiedad generalizada que ha generado todos los vaivenes en el parlamento británico que apuntaban a un Brexit duro, lo que ha llevado a una parte de ingleses a ponerse rápidamente a regularizar su situación en España. “En octubre fue una locura, recibimos a muchísimos británicos nerviosos reclamando la residencia”, apuntan fuentes de la oficina de Extranjería de Alicante ciudad, que desde julio se reforzado con medio centenar de funcionarios interinos exclusivos para el Brexit. “Pero ahora ha decaído mucho”, añaden, “ya no viene tanta gente”.
Desde octubre, cuando se contemplaba el escenario de una ruptura total entre Reino Unido y la Unión Europea, Benidorm ha realizado 180 altas padronales de ciudadanos británicos del total de 811 altas en este año. “Un incremento importante”, según explica la concejala de Residentes Europeos Ana Pellicer, exponencial desde el referéndum en 2016 cuando se pasó de 352 empadronamos, 389 en 2017 y 633 en 2018. Actualmente, la capital turística cuenta con 4.072 personas británicas en su padrón, un 16% del total.
Este “bajo” porcentaje de residentes contrasta con el que ostenta Llíber, una pequeña localidad ubicada al norte de Alicante donde el 70% de sus vecinos son británicos, situándose a la cabeza de España. Su concejala de Residentes Europeos, Suzanne Mcallister, confirma la tendencia al alza. De enero de 2018 a fecha de este viernes se ha registrado un 35% en el aumento de los empadronamientos, de 409 a 544 sobre una población de 1.101 habitantes. “Ha habido aumento, pero no todos son nuevos ya que una parte son vecinos que han vuelto a empadronarse después de que se les diera de baja tras pasar cinco años”, explica esta británica del PP que vive en España desde 1993.
En esta localidad del interior de la Marina Alta se esconden “numerosos británicos” que votaron a favor del Brexit, algo que la propia Mcallister no se explica. “Soy muy pro Brexit, (también sería Spainexit si surgiera, ya que no veo muchas ventajas para España seguir en la Unión Europea), pero la verdad, ahora que Johnson ha logrado la mayoría necesaria, no veo mucho sentido en seguir hablando sobre la situación”, comenta de “mala gana”, uno de estos votantes, que prefiere ocultar su nombre.
Viajamos ahora al sur de la provincia para visitar otro municipio singular, Rojales, donde los británicos, casi 7.000 empadronados, supera a los españoles, 5.500. Aquí también se está produciendo un proceso de regulación “a medias”. “Hace semanas y meses sí que había incremento de altas, seguramente porque el consulado británico insistió en que debían prepararse, pero en el Ayuntamiento me han dicho que está bajando un poco porque piensan que si se empadronan tiene que pagar más impuestos a Hacienda”, explica Derek Monks, concejal socialista de Residentes.
Sanidad y pensiones
“Ahora estamos más relajados porque hay menos incertidumbre”, añade el edil de origen inglés en alusión a la victoria del premier en las elecciones. “No veo tantos problemas en el futuro como hace unos meses”, puntualiza. “Aquí el gobierno de Pedro Sánchez y Ximo Puig en Valencia hace tiempo ya han garantizado el sistema de salud si Inglaterra sale sin acuerdos, pero ahora con acuerdos parece que no va a causar problemas”, agrega.
Menos optimista se muestra Mcallister. “Los británicos siguen ignorando los problemas que pueden surgir porque de momento la sanidad solo la tenemos garantizada hasta 2020 y los pensionistas solo tienen garantizado incrementos para los próximos tres años”, explica “y si no hubiera acuerdo entre el Parlamento Británico y España las pensiones podrían quedar congeladas como ya les pasó a los británicos en Nueva Zelanda o Australia”, augura.
“No nos queda otra que confiar en los acuerdos bilaterales entre España e Inglaterra”, afirma Nick Keen, militar jubilado que vive cuatro años en Xàbia donde dirige la Royal British Legion, fundación que trata de ayudar financieramente a los veteranos del ejército, una parte de ellos residentes en la provincia.