Un “arreglo” para las finanzas de los colegios concertados
La decisión de la Conselleria de Educación de suprimir aulas y puestos de trabajo estables para el próximo curso demuestra muchas cosas; la primera y principal es que se confirma una vez más que la política del PP acerca de la enseñanza pública no es coyuntural, debida a ajustes impuestos por la crisis, sino que responde a un pensamiento estructural: el mejor servicio público es el que prestan las empresas privadas. Por eso, en el llamado “arreglo” escolar se eliminan más de 150 aulas de Infantil, más de 200 empleos estables de maestros y se condena al cierre a cinco colegios públicos, a la vez que en muchas zonas aumenta la oferta de aulas privadas subvencionadas en esta etapa educativa y se financia la escuela concertada en general con casi un 23% del presupuesto dedicado a educación en 2014.
Lo que supone la eliminación de estas unidades no se entiende en toda su importancia si se analiza de forma aislada: en primer lugar, hay que tener en cuenta que esta medida se complementa con el aumento de ratios en Infantil y Primaria, de 25 a 30 alumnos por clase, lo cual permite a la administración concentrar a los pequeños estudiantes, bajando la calidad educativa, para suprimir aulas.
Pero además es muy importante recordar la implantación del distrito único, es decir, ahora la admisión de alumnos ya no se hace por cercanía del domicilio familiar al colegio, sino que los padres pueden elegir a qué centro envían a sus hijos dentro de todo el municipio (o de una amplia zona en el caso de ciudades mayores como Valencia).
Cuando se anunció este cambio de criterio, ya muchas voces de la comunidad educativa advirtieron de que no era una decisión inocente, sino que ocultaba la forma de cerrar escuelas públicas de determinadas zonas y favorecer la matrícula en concertadas. Ahora se da un empujón más en esa vía: se reducen líneas en los colegios públicos, con lo que el exceso de demanda que exista para entrar en Infantil en un área es más fácil de canalizar hacia los concertados. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Torrent, donde se pierden tres aulas de Infantil, mientras tres centros religiosos concertados han aumentado las unidades de este ciclo.
Sí, lo que leen: con sus impuestos se subvencionan plazas escolares para que empresas privadas hagan negocio a la vez que se suprimen líneas educativas en los centros públicos e incluso se les condena al cierre. Pero les decía que esta situación demostraba muchas cosas además de la apuesta de los populares por lo privado; otra de ellas es que nuestro Gobierno no va de frente: no es capaz de sostener y argumentar sus convicciones liberales, su fe en el mercado, su desconfianza en la eficiencia de lo público, sino que prefiere disfrazarse de lo que no es y buscar argumentaciones peregrinas que cada vez engañan menos al personal. Así, dice que tras el cierre de aulas está el descenso de la natalidad, pero no aporta datos poblacionales por zonas que justifiquen los cierres; tampoco explica por qué, si no hay clientes, las patronales de la educación abren cada vez más clases y por qué esas clases se subvencionan.
Esta maniobra del disfraz también incluye decir que la eliminación de unidades se compensa con la habilitación de nuevas aulas públicas. No explican, sin embargo, que estas nuevas clases son provisionales, es decir, habilitadas sólo para el curso que viene y además, en consecuencia, con puestos de trabajo inestables, mientras que las supresiones son definitivas y el colegio al que se deja con una sola línea y se le elimina el aula de primero de Infantil, dentro de nueve años habrá, necesariamente, desaparecido. Es la ventaja que tienen las matemáticas frente a la propaganda, son incuestionables.
La demagogia tiene las patas muy cortas y las hemerotecas tienen una capacidad de dejar en evidencia muy alta: ahora suenan aún más populistas las declaraciones de Fabra justificando el cierre de Canal Nou por la necesidad de crear escuelas y hospitales. Ya sabemos qué colegios está creando: los privados, a base de subvenciones y de regalar suelo público.
En relación, precisamente, con el disparate de Canal Nou está también otro aspecto del cierre de aulas, lo que nos lleva a una tercera constatación: El Gobierno popular no defiende la lengua propia, pues un alto porcentaje de las unidades clausuradas lo son de la línea en valenciano (y en el resto de colegios con más de un línea aún está por definir si se elimina la de valenciano o la de castellano, por lo que podrían ser muchas más).
Así las cosas, el arreglo escolar (menudo eufemismo para llamar a la voladura de la escuela pública) ha conseguido, una vez más en el terreno educativo, llevar a la protesta unánime a representantes de alumnos, padres y trabajadores, congregados en la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública. A las acciones reivindicativas se suma el recurso de reposición de la Federación de Madres y Padres (FAPA) y el contencioso administrativo de Escola Valenciana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pues considera que la medida no tiene en cuenta el criterio lingüístico.
En esta situación se reproduce lo ocurrido con otros aspectos de la política del Consell: ante la falta de visión de los populares para captar el descontento creciente y actuar en consecuencia, a los que no quieren quedarse de brazos cruzados mientras esperan a ver si hay un cambio vía urnas, les quedan dos opciones: la calle y los juzgados.
