Dos uniformados de Vilamarxant (València) intentaron 'colar' una falsa agresión a un detenido después de darse cuenta de que el arresto no estaba justificado. Todo quedó grabado por el teléfono del detenido. El 12 de noviembre del 2022, el vecino de la localidad Celso D. R., con antecedentes penales, llamó a la Policía Local en medio de una discusión con una vecina que supuestamente se había introducido en su domicilio y a la que había encerrado a la espera de que llegaran los agentes. El hombre puso su teléfono móvil a grabar y, tras ser detenido, el terminal continuó registrando las conversaciones que mantuvieron los policías mientras estaba en el calabozo.
En el audio de más de cinco horas, al que ha tenido acceso elDiario.es, los dos agentes reconocen que han fabulado una acusación por un supuesto delito de atentado contra la autoridad (con penas de hasta cuatro años de prisión) del que el detenido se libró gracias, precisamente, a la grabación. Cuando Celso D. R. denunció a los policías, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llíria sobreseyó la causa, en una resolución del pasado 20 de abril, alegando que la grabación era “ilegal”. Sin embargo, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado reabrir la causa por la “gravedad de los hechos”, tal como ha informado este diario.
La defensa del detenido, en su recurso al archivo inicial de la jueza, alegaba que el audio era una prueba “plenamente válida”, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en un caso “de gran similitud” que avalaba una grabación realizada con un teléfono móvil en la sala de atestados de las dependencias de la Policía Municipal de Alcorcón (Madrid).
En el caso del vecino de Vilamarxant, la agente le comunica que lo arresta “por detención ilegal”. Tras colocarle los grilletes, le dice: “Esto es un puro trámite”. Tras encerrarlo en el calabozo, el teléfono móvil intervenido al detenido continúa grabando sin que, aparentemente, los agentes se den cuenta. El hombre se queja de que la vecina no está en el calabozo. “¿Llamo yo a la policía y me detienen a mí primero? Eso no me cuadra”, dice Celso en un momento de la grabación.
Una hora después de que el vecino le diera al botón de grabar de su teléfono, la agente de la Policía Local reconoce en una conversación con otro uniformado: “Me están entrando mis dudas ahora”.
En otro diálogo con un superior, la mujer le explica: “Lo tengo aquí que me está generando dudas de si procedía la detención o no porque como la otra [la vecina] había cometido un delito y lo estaba reteniendo para entregarla a la policía”. “Con nosotros se ha portado bien (...) Porque como está loco le he bailado el agua y lo he engañado (...) Le he puesto los grilletes allí en el rellano y todo pero porque ha querido”, agrega tras detallar el incidente con la vecina.
La agente: “Esta vez no lo ha hecho”
“Voy a poner atentado”, anuncia en la conversación telefónica con su superior. La mujer también se muestra reticente con un compañero: “Está muy cogido con pinzas (...) Tenemos que poner que estaba violento. (...) Hay que meter un atentado”. “Pues sí, ponlo”, contesta otro agente. La uniformada afirma: “Estoy muy nerviosa. No me ha pasado esto en mi puta vida”.
Casi dos horas y media después de la detención, los dos agentes tienen las diligencias preparadas para entregar al vecino a la Guardia Civil. Casi tres horas después del arresto, la agente dice: “Joder, me siento súper mal, mira que es un personaje, que se merece lo que le caiga, ¿sabes?, pero esta vez no lo ha hecho”.
Los agentes le imputaron un presunto delito de atentado contra la autoridad. Sin embargo, al ser liberado el hombre reparó en que su teléfono móvil había registrado toda la conversación entre los policías. El audio salvó a Celso D. R. de la acusación de atentado pero cuando denunció a los agentes por los presuntos delitos de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llíria acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que la grabación era “ilegal”.
El hombre recurrió el auto y la Audiencia Provincial de Valencia le ha dado la razón. La resolución considera que las objeciones aducidas por la instructora son “crípticas” y le pide una “mínima actividad instructora”.