El juez del caso Castor ordena a las dos acusaciones particulares actuar bajo una misma dirección
El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, ha ordenado a las dos acusaciones particulares personadas en la causa que actúen bajo la misma dirección letrada.
El instructor, Sebastián Isael Pla Martorell, ha determinado que sea el abogado que representa a la primera afectada que se personó en la causa, María José Boix Alfafar, la que defienda los intereses de otros dos particulares personados, Cabré Rius y Plana Garcés, tras expirar el plazo de 10 días otorgado por la Audiencia de Castellón para que se pusieran de acuerdo y designaran una sola defensa (letrado y procurador)
El juez elige a dicho abogado porque su cliente fue la primera que se personó en el procedimiento y para evitar que la falta de acuerdo entre las acusaciones dilate el procedimiento.
En noviembre de 2015 el instructor acordó la personación de las acusaciones particulares que lo solicitaron, pero unificadas bajo una misma dirección letrada. Las partes recurrieron esta decisión a la Audiencia Provincial de Castellón, quien estimó parcialmente su petición y acordó que fueran las mismas partes quienes designaran a su representante.
María José Boix Alfafar pertenece, como secretaria y tesorera, a la asociación de Afectados por la plataforma Castor, Aplaca, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción que los investigados por la causa depositen una fianza de 1.000 millones de euros ante el temor de que Escal UGS, como promotora del proyecto, se declare insolvente y ninguna entidad responda a las posibles compensaciones.
De acuerdo a esa cantidad a cada uno de los habitantes donde se sienten los seísmos le correspondería 12.000 euros de indemnización en caso de obtener una sentencia favorable. El área de influencia abarca las localidades de Benicarló, Ulldecona, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Vinaròs, con una población total de 86.284 habitantes.
