La Fiscalía inicia una investigación penal contra el Ayuntamiento de Betxí por una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos
![Betxí](https://static.eldiario.es/clip/74811d60-d226-4ee5-a8c3-49d0dfe83d16_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
La Fiscalía provincial de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Cristianos por el derribo de la Cruz de Betxí por parte del Ayuntamiento de esta localidad. La asociación católica, que emprendió también acciones legales para detener la retirada de la cruz franquista en Castellón tras fracasar en Callosa de Segura y la Vall d’Uixó, denuncian una persecución a los símbolos católicos.
La Fiscalía ha confirmado a EFE la apertura de diligencias y se está a la espera de recibir la propuesta del fiscal instructor asignado a la causa.
A pesar de que el Ayuntamiento retiró la conocida como “Cruz del Calvario” en base a informes técnicos que aconsejaban su retirada debido al deterioro que presentaba y el riesgo para los peatones que suponía, desde la Asociación de Abogados Cristianos aseguran que la retirada se debe a “una cruzada emprendida contra los católicos”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que el alcalde de Betxí, Alfred Remolar –Compromís-, “nunca contempló la posibilidad de restaurar la cruz ni de sustituirla, por lo que no hay dudas sobre su intencionalidad”. Castellanos también ha afirmado que lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana “se está convirtiendo en una auténtica ola de cristanofobia” y ha pedido a la justicia que “ponga fin a esos continuos ataques a la libertad religiosa”.
Esta misma asociación está también detrás de la querella interpuesta –junto a otra presentada por el Partido Popular- contra la alcaldesa de Vall d'Uixó, Tania Baños, tras la retirada de una cruz franquista en la localidad el pasado junio. De la misma forma, interpuso acciones legales contra el Ayuntamiento de Callosa del Segura por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y del que asegura que comparte con el consistorio de Castellón un gobierno “de corte marxista-leninista, dictatorial y autoritario” que encabeza la persecución católica.