Este domingo fallecía un trabajador de la empresa Tragsa que estaba realizando tareas de limpieza en patio del colegio Lluís Vives de Massanassa, uno de los centros más afectados por la DANA del 29 de octubre, después de que se le cayera encima la cubierta de una pasarela. El centro no suponía un “riesgo inminente” de colapso, según relataba el conseller de Educación José Antonio Rovira, aunque estaba catalogado como 'rojo' para su derribo, tal y como había explicado el alcalde de la localidad, el popular Francisco Comes.
Este lunes, 24 horas después de que se produjera el trágico suceso, el Ayuntamiento de Benetússer, gobernado por la socialista Eva Sanz, anunciaba que no reabrirá sus centros educativos hasta que la Conselleria de Educación haga público un documento en el que certifique que la vuelta a las aulas tiene todas las garantías de seguridad necesarias. Había alrededor de 2.000 niños que tenían previsto volver a clase este mismo lunes, circunstancia que no se ha producido.
Precisamente, la Federación de Educación del sindicato CCOO ha denunciado que los equipos directivos de los centros educativos afectados por la DANA les han comunicado que la Conselleria les insta a reabrir los colegios e institutos, “si así lo consideran y bajo su responsabilidad”. Según el sindicato, esta responsabilidad “no es de los equipos directivos y no debe recaer sobre ellos”.
Tal y como asegura CCOO, los miembros de las direcciones de los centros se muestran “angustiados y con temor ante las fuertes presiones” del departamento que dirige José Antonio Rovira para tomar una decisión “que no les corresponde y sobre la que pueden recaer grandes responsabilidades por la seguridad y salud de toda la comunidad educativa del centro”.
La decisión de abrir al alumnado, profesorado y todo el personal que trabaja en el centro, sostienen, debe recaer “exclusivamente” en la administración, y más concretamente, en la Conselleria de Educaión, “y siempre con los correspondientes informes favorables de los técnicos”. “La Conselleria es la que ostenta toda la responsabilidad patrimonial de las infraestructuras educativas y no puede rehuir de su responsabilidad administrativa, civil y penal”, insisten.
A la hora de la publicación de esta información, la Conselleria no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre la denuncia realizada por el sindicato.