Los centros de menores, en riesgo por los impagos del Consell: 1.846 trabajadores y 1.217 niños y adolescentes afectados

La Comunitat Valenciana cuenta con 119 centros de menores. Actualmente hay 1.846 menores en acogimiento familiar y 1.217 en acogimiento total, es decir, están tutelados por la Generalitat. En total son 3.063 los niños y adolescentes valencianos que están en situación de acogimiento. Muchos de estos centros están pasando por serias dificultades por los impagos de la Conselleria de Igualdad, que siguen acumulando deudas mes tras mes (la Generalitat debe asumir la manutención de los menores tutelados).

La vicepresidenta Susana Camarero se refirió a que la “deuda heredada” con las empresas del sector -residencias de mayores y centros de menores y de diversidad funcional- cuando PP y Vox accedieron al Gobierno valenciano ascendía a 100 millones de euros, cantidad que, según asegura el departamento de Camarero, han abonado ya. Sin embargo, a finales del pasado mes de abril, el Consell adeudaba 21 millones de euros solo a los centros de menores, tal y como confirmaba a elDiario.es Esteban Burillo, presidente de Apime CV (Asociación de Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana), que representa aproximadamente a la mitad del sector.

La conselleria mantiene ciertos retrasos en los pagos con los centros con contrato en vigor, mientras que con aquellas instituciones que tienen los contratos caducados, se están produciendo casos de enriquecimiento injusto: “La Administración está pagando precios de 2017 y 2018 a trece centros, con unos precios que están hasta un 20% por debajo del precio del coste de la vida, porque no se contemplan las subidas acumuladas del IPC desde entonces”, sostiene Burillo, quien apunta que estas instituciones están a la espera de que salgan a licitación los nuevos contratos, que la conselleria pretende ir sacando a concurso a lo largo de los próximos meses.

El presidente de Apime CV detalla algunos casos, como el de la Fundación Antonio Moreno, que se ha visto obligada a suspender pagos, y no sólo esta entidad sino también están en una situación delicada el Grupo Castillo o la Fundación Diagrama. “Las entidades pequeñas no se pueden endeudar, y las grandes ya no lo pueden hacer más”. “Cuando se acumula cierto nivel de deuda, van liquidando deuda, hasta que se vuelve a acumular”, relata Burillo, para quien esta situación resulta “absurda”, ya que “tensiona el sector al máximo”. El Consell, prosigue, ha abierto líneas de financiación a través del Institut Valencià de Finances (IVF), unos préstamos “que tenemos que devolver con intereses. No entendemos por qué no asume los préstamos de la banca pública directamente la conselleria y nos lo abona a nosotros, evitándonos los intereses”. En su opinión, la situación es “insostenible, dramática”, poniendo “parches” a un problema que “no acaba de resolverse”: “La solución definitiva es que saquen los contratos nuevos y se hagan cargo de los pagos pendientes”, apunta.

Toni Ávila, responsable de Infancia y Adolescencia de CCOO PV, lamenta que no se publiquen los datos de las deudas del Consell con el sector. Según explica, hay tres grandes entidades que son las que tienen más centros: la Fundación Diagrama, a la que se le adeudaban 17 millones de euros en diciembre, “lo que provocó que se le dejara de pagar un 30% de la nómina a los trabajadores, lo que sirvió para presionar a la Administración, que regularizó los pagos”; la Fundación Antonio Moreno, que pertenece al Grupo Castillo, a quienes la conselleria debe 11 millones de euros por enriquecimiento injusto, “con centros que están cobrando a precios de 2017 y 2018”; y la tercera gran entidad es la Fundación Amigó. Ávila también se refirió a entidades como San Vicente Ferrer, con una deuda de 2.170.000 euros, o Castell Cooperativa, a quienes se les deben entre nueve y once mensualidades: “Estamos en una situación muy alarmante, cronificada desde hace dos o tres años con retrasos en las nóminas que pueden ser de tres meses”.

El representante de CCOO critica que no exista una interlocución con la Administración, “el diálogo es justito”, al tiempo que lamenta que la conselleria alegue que el problema viene por la situación heredada del Gobierno del Botànic: “Es cierto que la actual situación viene de la pasada legislatura, pero tienen que empezar a buscar soluciones”.