El Comité de Empresa de Marina Salud pide a Barceló que impida la venta de acciones entre DKV y Ribera por ser “ilegal”

El Comité de Empresa de Marina Salud ha pedido a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que impida la venta de acciones entre DKV y Ribera Salud al considerar que se trata de una operación “ilegal”, y ha recordado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que se ha comprometido en numerosas ocasiones a la reversión del departamento de Dénia (Alicante) aludiendo a la Ley General de Salud.

Así lo ha indicado en un comunicado después de que esta semana se haya conocido que Ribera ha cerrado un acuerdo con la aseguradora DKV para adquirir su acciones de Marina Salud y pasar a controlar así la totalidad de la gestión del hospital y el departamento de salud de Dénia.

De este modo, Ribera, que en la actualidad controla el 35% del accionariado de Marina Salud, ha pactado con la aseguradora hacerse con su 65%, en un acuerdo que está pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Comité de Empresa pide a Barceló que “paralice e impida” la operación de venta accionarial entre DKV y Ribera Salud por haber “incumplido” el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, y un informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat del 31 de mayo de 2016. Los sindicatos reclaman una reunión urgente con la consellera para que les informe “de todos las acciones que han tomado o tomarán para bloquear esta operación ilegal de venta accionarial”.

El órgano de representación de los trabajadores formula esta petición en un escrito dirigido a Puig y Barceló, con copia al Gerente de Marina Salud, Luis Carretero, “en contra de la venta de acciones de Marina Salud, donde se señala la ilegalidad de la operación”.

En el texto, los sindicatos señalan que se ha incumplido el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores en cuando a “Derechos de información y consultas y competencias”, ya que el Comité de Empresa “tiene el derecho a ser informado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como el derecho a emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por este”.

Asimismo, sostienen que la venta accionarial entre DKV y Ribera Salud vulnera la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, de 2018, en cuyo preámbulo establece que, para garantizar la libertad de competencia y evitar posiciones de dominio, “es necesario establecer limitaciones en la ostentación y, por tanto, adquisición de títulos accionariales o participaciones de los entes titulares de los contratos de gestión vigentes del servicio sanitario integral en régimen de concesión de los departamentos sanitarios, con el objetivo de proteger los intereses de los usuarios”.

Compromiso de “rescate”

En esta línea, recuerdan que Puig se ha comprometido “en reiteradas ocasiones” a “rescatar” el departamento de salud de Dénia, aludiendo precisamente a esa normativa, que establece que la gestión pública directa es “garantía de calidad y equidad”, a lo que se une la necesidad de poder establecer “una mejor organización para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos”.

“Esto hace necesario garantizar un modelo de gestión de centros y servicios que se caracterice preferentemente por la gestión directa, coherente con la opción preferente por la gestión pública de los servicios sanitarios recogida en esta ley”, exponen los sindicatos en el escrito.

Además, sostienen que Marina Salud SA “ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones con los usuarios y con los trabajadores en reiteradas ocasiones”, con el “incumplimiento del Pliego de Condiciones de la concesión administrativa en materia de infraestructuras, la sentencia favorable en el TSJCV en relación al derecho al cobro de la carrera profesional, reiteradas denuncias y sanciones de la Inspección de Trabajo de Alicante en materia de Salud y Seguridad Laboral y de Riesgos Psicosociales, ratios de personal insuficientes y precarios, etc”.

Por último, exponen que existe un informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat, de 2016, que paraliza “cualquier intento de venta accionarial en el Hospital de Dénia vigente desde entonces y que señala la ”necesidad de autorizar por la administración contratante la transmisión de las acciones o participaciones de sociedades en relación con las Uniones Temporales de Empresas (UTE) adjudicatarias de contratos administrativos“.

El informe señala que es necesario obtener autorización del órgano de contratación, en particular, en el supuesto de la venta de acciones o participaciones de una sociedad “dado que es equiparable a una cesión del contrato y, por tanto, necesita la previa autorización de la Conselleria de Sanidad”.