Compromís pide una auditoría del Instituto Gil-Albert y cuestiona la idoneidad de los cargos colocados por el PP y Ciudadanos

Compromís ha pedido una auditoría del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert en una moción “para despolitizar” el organismo presentada en la Diputación de Alicante y que se debate este miércoles. La formación valencianista propone la creación de una mesa con todos los partidos políticos de la institución que permita “auditar la actividad real de impulso y divulgación cultural, social y jurídica del Instituto de Cultura Juan Gil Albert”, según ha informado en un comunicado.

El organismo, dependiente de la Diputación de Alicante, ha colocado a cinco cargos municipales del PP y de Ciudadanos, las dos formaciones que  gobiernan la institución provincial. Además, la gerente del Gil-Albert es la concejala del PP en Pego Ana Ortolá. A estos cargos, la mayoría sin experiencia alguna en materia de gestión cultural, se suman tres periodistas que cobran hasta 1.500 euros por asistir a siete reuniones. En seis años, el Gil-Albert ha desembolsado 1,4 millones de euros para pagar la asistencia a reuniones de su equipo directivo, tal como informó este diario.

Compromís apuesta por “una necesaria regeneración del ente dependiente de la diputación después de conocerse que al menos cinco de sus subdirecciones han sido concedidas a cargos del Partido Popular y Ciudadanos, los dos partidos que conforman el equipo de gobierno”. La formación cuestiona la idoneidad de los nombramientos, dado que ninguno de los miembros del PP y C’s elegidos para las subdirecciones resulta ser “personas de reconocido prestigio en lo campo de las Humanidades, las Letras, las Artes o las Ciencias Sociales y Jurídicas”, tal y como marcan los estatutos de Gil-Albert.

La mesa propuesta por el diputado y portavoz de Compromís, Gerard Fullana, persigue impulsar el estudio de propuestas para revertir la tendencia presupuestaria y permitir que la investigación, la promoción cultural y la divulgación de las ciencias jurídicas y sociales tengan un papel hegemónico en las cuentas anuales a partir de 2021. Del total del presupuesto de 2020 (1.393.301 euros), 838.000 se van directamente a gasto de personal y asistencia rectora (841.190 euros en total) y apenas un 20% al objeto social del instituto. 

“Hay que repensar el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert”, ha manifestado Fullana. “Se han acelerado alarmantemente incorporaciones en el organigrama de personas que no cumplen los requisitos estatutarios y pensamos que es un intento más de usar el instituto con propósitos más políticos que académicos”, critica Fullana.

A Compromís le llama la atención el desequilibrio entre los gastos de personal y la actividad cultural para la que nació el Gil-Albert. “Existe además una disfunción presupuestaria alarmante en la proporción destinada anualmente a la promoción académica de la cultura y la investigación en comparación con el gasto burocrático. Hace falta una revisión presupuestaria en profundidad para revertir esta tendencia”, concluye Fullana.