La Generalitat quiere darle la vuelta al urbanismo que ha sufrido la Comunidad Valenciana en las últimas décadas. La LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje) acabará con los PAI (planes de actuación integrada) promovidos por la iniciativa privada, permitirá la legalización de las 400.000 viviendas irregulares diseminadas -sobre todo en zonas rurales- existentes, potencia la rehabilitación y forzará una especie de ITV para los edificios de más de 50 años.
El anteproyecto de la LOTUP ha sido aprobado este viernes por el pleno del Consell. Modifica cerca de cien artículos de la normativa vigente y, a falta de algunos trámites legales y la preceptiva aprobación parlamentaria, acabará con “la herencia caótica del Partido Popular”. Así lo ha defendido la consellera de Urbanismo, María José Salvador.
Ni agente urbanizador ni PAI
La ley acabará con una forma de urbanizar el territorio muy arraigada en la Comunidad Valenciana. El PAI impulsado por la iniciativa privada, que permitía de forma directa (a través de los propietarios de terrenos) o indirecta (con el impulso de las empresas) reclasificar suelo, desaparecerá.
La LOTUP quiere “reforzar la función y control público sobre los procesos de ocupación del territorio”, por lo que “reclasificar suelo o cambiar el uso dominante del mismo solo se permite a través de programas de gestión directa de las administraciones”, ayuntamientos y administración autonómica. El objetivo, según un comunicado del Consell, es volver a un “urbanismo más sostenible” y “no especulativo”.
Vía para la legalización de 400.000 casas rurales
La consellera también ha anunciado un vía de escape para los propietarios de las 400.000 viviendas irregulares que hay en la Comunidad Valenciana. Edificaciones ubicadas en terrenos no urbanizables -casi siempre, rurales- que proliferan desde hace décadas ante la impotencia o la desidia de la administración para poner orden.
Salvador ha anunciado que la LOTUP dará la posibilidad a los propietarios de legalizar sus propiedades mediante las “licencias de minimización del impacto ambiental y territorial”. Su obtención estará supeditada al cumplimiento de requisitos varios (por ejemplo, tener alcantarillado). Una “solución realista”, dice la consellera, para un problema medioambiental y urbanístico que además da “seguridad jurídica” a los propietarios de construcciones levantadas de forma ilegal.
Prioridad: rehabilitar
De la ocupación de suelo rústico se pasa a otro paradigma: renovar, regenerar y rehabilitar, actual sobre la “ciudad consolidada”. Se creará la figura del rehabilitador. Éste podrá actuar -siempre “bajo control público” en “solares que se mantienen especulativamente abandonados”. Los ayuntamientos, en “zonas prioritarias”, también podrán acabar con los solares impulsando concursos públicos para su urbanización.
Para regenerar tramas urbanas degradadas, habrá un instrumento excepcional. La ley permitirá cambios en los “estándares urbanísticos” vigentes o en el “porcentaje de aprovechamiento urbanístico público”, el terreno que un agente privado cede para equipamientos de interés general.
Fin de la ATE y principio de la ITV
La LOTUP acabará con las actuaciones territoriales estratégicas o ATE, una figura creada por el PP para agilizar el farragoso papeleo asociado a grandes proyectos urbanísticos o empresariales. Ante el “fracaso” de esta herramienta, y con la intencion de “favorecer la llegada de grandes inversiones”, el PIES sustituirá al ATE. Los Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible tendrán una “intensa” implicación de las autoridades públicas y contarán con la “máxima participación y transparencia”.
La Lotup también establece la obligatoriedad de certificar el estado de las 716.000 viviendas construidas antes de 1967 que hay en la Comunidad Valenciana. Éstas deberán obtener ell Informe de Evaluación de Edificios (IEE), una especie de ITV. Aunque las leyes estatales establecen su obligatoriedad, apenas un 10% la tienen.