“Llevamos desde el 14 de marzo trabajando sin parar todos los días, está siendo un caos porque se han juntado los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el pago del IVA, los peticiones de pretaciones, de ayudas y de créditos; la carga de trabajo se ha multiplicado por cuatro y los trámites son demasiado farragosos, deberían de haber simplificado y agilizado los procesos”.
Así se descrioben la situación desde la gestoría Leal y Asociados, un ejemplo del colapso que se está produciendo en la gran mayoría de despachos de asesoramiento y gestoría valencianos como consecuencia del tsunami económico que ha generado la crisis del coronavirus.
Según lamentan, la Conselleria de Economia está tardando en estos momentos 11 días en asignar el número de expediente a los ERTE presentados, con el que en un plazo sin determinar se podrá conocer si el despido temporal se ha aceptado.
Esto supone un problema añadido desde el decreto del Gobierno que suspende toda actividad que no sea esencial, puesto que han dado un plazo de cinco días a las empresas y por extensión a las gestorías para que soliciten al ejecutivo central la prestación por desempleo de los trabajadores afectados.
El problema es que en muchos casos “no se sabe si los ERTE están aprobados; si no cumples el plazo de cinco días te sancionan y si se deniega el expediente temporal de empleo luego la empresa tiene que devolver el dinero que han percibido los trabajadores a la Seguridad Social, por lo que muchas empresas prefieren esperar arriesgándose a ser sancionadas”.
Otro inconveniente añadido con el que se han encontrado es el cierre del primer trimestre del año y con él, de la declaración del IVA y de otros impuestos de los autónomos y pequeñas empresas: “La mayoría no han podido cerrar el trimestre porque se han visto obligadas a bajar la persiana en marzo; deberían haber dejado el trimestre sin efecto y haber hecho en junio una declaración del primer semestre del año cerrado”.
Este problema también se repite a la hora de solicitar las ayudas de las diferentes administraciones, puesto que “en algunos casos hay que aportar la facturación de este primer trimestre o de los últimos seis meses para justificar un descenso de la facturación de al menos un 75%, pero al no haberse cerrado el mes de marzo es muy difícil de demostrar”.
Esta situación ha generado “una ansiedad y nerviosismo entre los clientes que al final son pequeñas empresas y autónomos, puesto que llaman todos los días a todas horas con dudas que en muchas casos no se pueden resolver porque la administración no explica los mecanismos para hacer estos trámites”.
Además, la tramitación de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) es otro de los grandes problemas, dado que que las entidades financieras están poniendo muchas trabas a la hora de tramitarlas.
En términos parecidos se expresa Federico Varona, director de Varona Asesores, quien también asegura que la situación está siendo “caótica” por la “vorágine legislativa que se está viviendo en las últimas dos semanas, con decretos continuos que se publican minutos antes de entrar en vigor y que corrigen o modifican el anterior”, a lo que se suman “las diferentes convocatorias de ayudas del Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno”, que también requieren de una documentación muy difícil de conseguir.
Varona pone también en el foco “la falta de valentía” que ha tenido el Gobierno español con los ERTE en comparación con otros de países vecinos como Italia, los cuales han considerado todos los despidos temporales relacionados con el coronavirus de fuerza mayor.
“Estos expedientes temporales tienen por vocación mantener el empleo. Sin embargo, ante una situación tan excepcional como la que se está viviendo solo se consideran de fuerza mayor los ERTE de las empresas que se han cerrado por decreto, como por ejemplo restaurantes u hoteles, pero las que se han visto obligadas a cerrar porque no facturan tienen otra consideración y se ven obligada a pagar seguridad social y salarios cuando en realidad han dejado de tener ingresos, algo insostenible”, explica.
En su opinión, “todos los ERTE relacionados con el coronavirus deberían ser de fuerza mayor y propiciar que se pudiera aplazar los pagos a la Seguridad Social”.