Mejorar la calidad institucional y acabar con la corrupción en España podría elevar un 16% el producto interior bruto (PIB) nacional per cápita en un plazo de quince años, lo que se traduce en un crecimiento anual de la economía española de en torno al uno por ciento. Así se desprende del estudio elaborado por los expertos de la Universidad de Murcia Francisco Alcalá y Fernando Jiménez que han presentado este viernes en Valencia en el marco del seminario 'Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España' organizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
La calidad de las instituciones de gobierno y control de la corrupción, han explicado, son piezas “fundamentales” para el desarrollo económico de los países, “especialmente cuanto más avanzadas son sus economías”. De este modo, España se encuentra entre el 20% de los países con un mayor nivel en el mundo según los datos del Banco Mundial y en base a la información sobre 154 países. Sin embargo, los resultados nos sitúan con un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador de calidad institucional -que se calcula en base a factores como la democracia y libertades públicas; la efectividad gubernamental; la calidad regulatoria; el respeto a la ley y los contratos; y el control de la corrupción-, lejos de la media de países como Alemania, Francia o Reino Unida (8), aunque por encima de economías mediterráneas como Italia o Grecia (5,8).
La diferencia entre el nivel de calidad institucional (en España se sitúa en el percentil 81) y la productividad (el 85) es de cuatro puntos: “la calidad institucional aparece como una debilidad relativa de la economía española, que debe ser compensada por la fortaleza en otros factores, como el capital humano”. La recuperación de esos cuatro puntos de diferencia, explican Alcalá y Jiménez, se traduce en 16 puntos del PIB nacional que España podría recuperar en un periodo aproximado de quince años a razón de en torno a un punto al año -el crecimiento anual pasaría del 2,4 actual al 3,4- y nos dejaría en los niveles de países como Eslovenia.
Las 'debilidades' españolas se centran, sobre todo, en indicadores como la calidad regulatoria, que recoge aspectos como el exceso de regulación (España tiene diez veces más leyes y normativas que países como Alemania), y el control de la corrupción, que mide principalmente la confianza en los políticos, los funcionarios, el sistema judicial, el sistema de recaudación de impuestos y la existencia de pagos irregulares en contratos públicos.
Costes económicos
Los costes económicos que tienen el déficit de calidad institucional y por tanto la corrupción -todos los indicadores se sitúan en 2017 en un nivel inferior al de 2003- se traducen en una menor rentabilidad de los proyectos empresariales, incrementa la incertidumbre, se reducen los niveles de inversión, se desvían recursos humanos y financieros hacia la influencia en los órganos de decisión pública “en lugar de asignarlos a actividades productivas” y se orientan los esfuerzos hacia la “búsqueda de privilegios desincentivando el empredurismo y la innovación”. Es decir, la corrupción se traduce en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital humano disponible.
De este modo, el impacto de medidas como una mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, una mejor regulación o una mayor competencia supondrían el aumento de la inversión, nacional y extranjera, y de la productividad, y con ello de la producción y el empleo.
Posibles soluciones
En su trabajo, Alcalá y Jiménez realizan ocho propuestas que podrían ayudar a superar esta situación.
Cuatro relativas al refuerzo de los controles y los contrapesos del poder: mayor independencia y más medios para el poder judicial, “que nunca ha sido una priodirad”; mejorar la capacidad de control de los legislativos, “desde los parlamentos hasta los plenos municipales”; mayor independencia y más medios para los órganos especializados de control, como las agencias antifraude; y eliminar las interferencias gubernamentales en los medios de comunicación, “que se lleva a cabo con mecanismos como la publicidad”.
Tres referidos a la mejora de la independencia, calidad y transparencia de la Administración: aumentar la calidad de la regulación, por ejemplo simplificando la normativa; despolitización de las administraciones públicas con medidas como la reducción de los cargos de confianza; incrementar la transparencia de los organismos públicos y la evaluación de los servicios.
El último apartado se centra en la mejora de las elecciones como mecanismo de selección y control, y proponen opciones como el desbloqueo de las listas para darle mayor poder al votante.