La defensa del exalcalde 'popular' de Gandia Arturo Torró ha planteado una cuestión previa “insólita” en la primera sesión del juicio en el que la Fiscalía le pide ocho años de prisión por los presuntos delitos de malversación y fraude. El letrado ha solicitado la suspensión de la vista, una petición a la que la Fiscalía se ha opuesto y a la que el resto de defensas se han sumado.
La defensa de Torró ha alegado la pretendida reforma del delito de malversación del Código Penal en el Congreso de los Diputados. El resto de letrados se han adherido a la petición alegando que se “vulnera el derecho de defensa”. El presidente del tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha hecho una pausa de media hora para resolver las peticiones de las defensas, una pausa durante la cual causalmente Podemos ha anunciado que se desmarca de la reforma de la malversación.
El presidente del tribunal ha denegado la solicitud al no ver una “expectativa razonable de afectación al derecho de defensa”. “Tampoco hemos observado con las alegaciones de las partes una concreción de en qué medida la estrategia defensiva pudiera ser distinta”, ha agregado el magistrado, que también se ha referido a la “posibilidad de la aplicación retroactiva de una norma”.
“Ni un proyecto ni una iniciativa parlamentaria vincula a los tribunales”, ha explicado el presidente del tribunal. “No sabemos si habrá ley, cuál será su contenido ni si tendrá disposición transitoria”, ha apostillado.
Una “situación completamente excepcional”
“La acusación tiene base en un tipo penal que va a ser modificado”, ha dicho el letrado de Arturo Torró, que ha precisado que “la defensa se hubiera enfocado de otra manera”. Otro letrado de las defensas se ha referido a una “situación completamente excepcional”, sin precedentes. El mismo letrado ha pedido acordar la suspensión de la vista, aunque por un plazo breve. Se trata de “una norma que va a afectar de pleno a uno de los artículos” en los que se basa la acusación“, ha apostillado.
Torró se sienta en el banquillo de los acusados junto con el empresario Ricardo Manuel Faura, ex administrador de la empresa Comarques Centrals Televisió, por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual durante su mandato.
El exalcalde del PP, a través de una empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar a la mercantil que gestionaba el otro procesado diversas cantidades de dinero público, pese a que sabía que no había causa que lo justificase y causando un claro perjuicio para las arcas públicas, según el escrito de acusación del Ministerio Público.