La última sesión de control al presidente de la Generalitat de 2012 (la última, sí, aunque aún no hemos estrenado diciembre) acabó ayer, como seguro habrán escuchado, como el rosario de la aurora. En todo caso, les resumo: un grupo de dependientes, familiares de dependientes y trabajadores en centros de atención, fueron expulsados del pleno tras protestar desde la tribuna de invitados por los impagos del Consell a este sector y que asciende más allá de los 70 millones de euros (una organización reclama esa cantidad para sus socios, y solo agrupa a parte de las empresas afectadas). Las protestas fueron aplaudidas desde los bancos de la oposición, cuyos integrantes acabaron enfrentados a gritos con los del PP, siempre con la ayuda —involuntaria o no— del presidente de la cámara, el también popularista Juan Cotino.
Lo sorprendente, no obstante, es que poco después, este incidente y los resultantes de la mala gestión del mismo por parte de Cotino centraban ya los titulares de la prensa digital y los informativos radiofónicos. La “mala imagen” de “nuestros representantes” era motivo de preocupación de la prensa bienpensante. “¿Por qué no se comportan nuestros representantes?”, reclamaban algunos metiendo a todos en el mismo saco (si no solo a los de la oposición), mientras otros lamentaban que “cualquier mínimo rastro de política, de espíritu constructivo, había desaparecido del hemiciclo”.
Cabe imaginar, siendo benevolente, que los colegas indignados por la estampa están a su vez afectados por la rutina y solo despiertan por el efecto sorpresa, en este caso de una trifulca. Porque si no, nadie en su sano juicio subrayaría las quejas de una decena de ciudadanos o la reacción airada de dos decenas de diputados, cuando éstas lo que hacen es señalar que el grupo de encorbatados que se sientan frente a ellos llevan muchos meses incumpliendo su obligación de pagar lo que deben a los discapacitados y dependientes. Una dejación que por ahora afecta a los miles de trabajadores del sector; trabajadores que, afortunadamente para los discapacitados, continúan trabajando pese a los retrasos en el cobro de su salario (en algunos casos, como los de muchas cooperativas, desde hace prácticamente un año).
Poco antes, el presidente Alberto Fabra había anunciado el pago para este viernes de 10 millones de euros —una parte ínfima de lo que se adeuda al sector—, y prometía otros 30 antes de final de año, aunque al precio que se cotiza la credibilidad de sus promesas (pregunten a farmacéuticos, libreros, proveedores sanitarios, y demás afectados por sus impagos), más que un motivo de alegría, el anuncio parecía una nueva tomadura de pelo. Sin embargo, tampoco el intento del Consell de apagar el fuego con una promesa insuficiente fue el objeto mayoritario de la noticia, sino el pataleo de una decena de representantes de los afectados y otros tantos diputados de la oposición. Ya ven, nos roban y, como estamos tan acostumbrados, a algunos les preocupa cómo llevamos el nudo de la corbata. Paguen ya.
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