Lo dijo muy bien la diputada autonómica de Esquerra Unida, Marga Sanz: el trasiego de documentos —posiblemente constitutivo de delito y, como mínimo, poco ético— que se llevaron entre manos el conseller José Manuel Vela y el diputado imputado Rafael Blasco, a la vista de todos los presente en el pleno de Les Corts, evidencia la impunidad con la que los políticos popularistas con mando en plaza se han manejado en estas tierras en los últimos lustros.
Impunidad y desfachatez, no cabe duda, si se confirma que Vela facilitó al ex conseller —imputado por desviar presuntamente el dinero de los valencianos destinado a la cooperación a los desfavorecidos a las cuentas a una trama integrada por viejos favorecidos suyos— información que le podría ayudar en su defensa, frente a la que la Generalitat participa como acusación. Esto ha puesto a Vela en el disparadero, y en democracias con cierto sentido de la decencia, el aún conseller de Hacienda y Administración Pública ya habría pasado el fin de semana pensando a qué dedicarse tras su abandono de la política.
Pero no es el caso. Vela dijo el jueves sentirse arropado por el presidente Alberto Fabra, y a la vista de la inoperancia de aquel para apartarle de su equipo, podría extraerse esa conclusión. Sin embargo, no parece esa la causa por la que el conseller sigue en su puesto, pues si el presidente hubiera querido deshacerse de él, hay un motivo que desde hace mucho le sobra y le basta: Vela no solo no ha conseguido paliar los efectos de la crisis con su acción al frente de las cuentas valencianas, sino que, como corresponsable de las mismas desde hace más de una década, es uno de los principales culpables de que las arcas públicas valencianas se encuentren en su actual quiebra técnica.
Cómo la cabeza visible más claramente identificable con los impagos que afectan a centenares de miles de valencianos (desde los dependientes y sus familiares, a los farmacéuticos, los propietarios de pymes —librerías, proveedores de la administración, etc.— y los trabajadores despedidos a causa de los mismos) continúa en su puesto tratando de enmendar una errónea gestión propia que no reconoce como tal, es algo que se escapa a toda comprensión. ¿Qué tiene maniatado a Fabra para cargar con semejante lastre? ¿Guarda Vela un as en la manga para que tampoco sus compañeros de filas empujen al presidente a hacerle a un lado y corregir la deriva de su gestión económica?
Igual es todo más sencillo. Hace seis años, tras el accidente de metro que costó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 47, Francisco Camps situó la marca exigible para una dimisión en sus filas en un nivel prácticamente inalcanzable, al no destituir al responsable de infraestructuras. Desde entonces, solo él, empujado desde Madrid y en vísperas de sentarse en el banquillo de los acusados por su íntima relación con una trama corrupta (en un juicio en el que fue declarado “no culpable”), renunció a su cargo, aunque sin abandonar su escaño. Junto a él, una decena de imputados comparten bancada en Les Corts con muchos de los responsables de las decisiones y políticas que han llevado al País Valenciano a su actual situación. Ellos, junto al resto de diputados del PP que no parecen estar muy incómodos con su compañía, sustentan el gobierno autonómico. El visto bueno es un pasaporte a una futura permanencia en la poltrona si también se mete la pata. Nadie dimite. A nadie se cesa. Nadie paga.
Excepto los valencianos, claro.
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