La familia del fallecido en Polinyà de Xúquer reclama el ingreso en prisión del 'kamikaze'
La familia del joven fallecido en 2003 en un accidente de tráfico causado por un conductor que circulaba en sentido contrario por la autopista AP-7 en Polinyà de Xúquer ha reclamado este jueves ante la Audiencia de Valencia el ingreso efectivo en prisión del kamikaze.
La petición tiene lugar después de que el pasado 7 de noviembre el Tribunal Supremo (TS) anulara el indulto que el Gobierno concedió al kamikaze al no hallar la “lógica jurídica” en la decisión, no especificando el Ejecutivo las razones que le llevaron a adoptar la medida de gracia.
La sentencia del Supremo fue publicada 23 de diciembre, momento a partir del cual el Gobierno dispone de tres meses para, “si a bien lo tiene”, volver a conceder el indulto anulado mediante una resolución que señale las “razones de justicia, equidad o utilidad pública” que exige la ley de indulto de 1870.
Según ha explicado a Efe Loreto Dolz, la hermana de la víctima (José Alfredo Dolz), sus abogados han reclamado hoy a la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia -la que en enero de 2011 condenó a 13 años de cárcel al conductor kamikaze- que esta persona ingrese en prisión “dado que está condenada y se ha anulado el indulto que le dejaba en libertad”.
Decisión en manos del Gobierno
Loreto Dolz se ha mostrado “esperanzada” de que, “tal y como ha dicho el propio ministro” de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “el Gobierno no reformule el indulto”.
No obstante, se ha mostrado cauta y ha recordado que el Gobierno “ha dicho que estará a lo que diga el Tribunal Constitucional”, y el kamikaze ha recurrido la anulación de su indulto a esta instancia judicial. “Esperamos que el Constitucional no falle a favor de esta persona, la anulación del indulto sea firme, el culpable que fue condenado por el homicidio de mi hermano entre en prisión y todo acabe ya”, ha manifestado.
El indulto, otorgado en diciembre de 2012, permitió al kamikaze sustituir una condena a 13 años de prisión por un delito de homicidio por una multa de 4.000 euros y quedar en libertad, un hecho que los familiares de la víctima interpretaron como una “incomprensible e injustificada burla”.
Recursos
Los representantes legales de la familia de José Alfredo Dolz interpusieron entonces un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para la revocación de un indulto que “no tiene razón de ser”.
Anteriormente, habían presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Ministros que concedía el indulto, argumentando su “falta de equidad, motivación y proporcionalidad”, pero fue denegado por silencio administrativo.
Ambos recursos estuvieron acompañados de una campaña de recogida de firmas que concluyó con más de 65.000 peticiones en contra del indulto entregadas por la familia con la “esperanza de justicia” pero “muy conscientes” de que nunca antes se había revocado una medida de gracia del Gobierno.
La sentencia del Supremo que revoca ahora el indulto sostiene que, aunque el indulto sea un acto discrecional del Gobierno (no exige motivación), “los actos del poder ejecutivo y la Administración han de ser racionales”, no hallando en el indulto “lógica jurídica” ni habiéndose especificado las razones de la medida de gracia.
