La finca del exconseller valenciano Rafael Blasco, condenado por corrupción, sale a subasta por un precio mínimo de 624.110 euros
La finca de la Barraca d'Agües Vives, en Alzira, del exconseller valenciano Rafael Blasco, condenado en sentencia firme por corrupción, ha salido a subasta en el portal del Colegio de Procuradores de Madrid (aunque el procedimiento depende del Tribunal de Cuentas) con una valoración de 891.058,60 euros y una puja mínima de 624.110 euros.
La parcela, situada en la partida del Carrascal del término municipal de Alzira, ocupa una superficie de 38.384,47m² y fue la propiedad que entregó Blasco en el juicio para abonar parte de la responsabilidad civil y reducir la condena. “Se encuentra una vivienda actualmente ocupada por los caseros en 'precario'”, indica el Colegio de Procuradores de Madrid en referencia a la situación posesoria de la finca familiar de Rafael Blasco.
La finca que el expolítico del PP condenado por corrupción tenía en la Barraca d'Aigües Vives se convirtió en la pieza central del pulso que el Gobierno valenciano mantiene para recuperar el dinero que debe el exconseller condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo en la época del PP.
La casa, diseñada por el arquitecto Vicente Guallart y rodeada de naranjos, fue embargada en la primera pieza de las tres en las que se ha juzgado el saqueo de los fondos de cooperación de la Generalitat Valenciana cuando Blasco fue conseller, en los años 2008 y 2009.
Blasco debe pagar a la Administración valenciana 2,7 milllones de euros en concepto de responsabilidad económica por su condena de seis años y medio de cárcel (que ya ha cumplido) en la pieza 1, centrada en el saqueo de sendas subvenciones de ayuda al desarrollo en Nicaragua, más la cantidad que se establezca en las piezas 2 y 3, sobre la red de ONG y empresas creada para defraudar las ayudas a la cooperación internacional y a un proyecto fallido de hospital en Haití, juzgadas conjuntamente y por las que fue condenado el pasado mes de abril a un año de cárcel por la Audiencia de Valencia.
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