Los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero se van a hacer cargo de la investigación de las cuentas del Partido Popular en la Diputación de Alicante. El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias tras las dos denuncias presentadas por Compromís la semana pasada, que aportan indicios de una presunta malversación en las cuentas del grupo 'popular' en la institución provincial.
El portavoz de Compromís en la institución provincial, Gerard Fullana, registró dos escritos dirigidos a la Fiscalía Anticorrupción referidos a la contabilidad del grupo del PP y al traspaso entre 2007 y 2018 de 926.791 euros desde el grupo del PP a las cuentas del partido provincial. La coalición valencianista considera que los hechos son constitutivos de los presuntos delitos de malversación y falsedad documental.
La coalición insiste en que no han podido acceder a la contabilidad de los grupos entre 2007 y 2015, a pesar de las reiteradas solicitudes y de la queja presentada ante el Síndic de Greuges, quien confirmó que la institución provincial “nunca solicitó contabilidad alguna” a los grupos en ese periodo.
En el segundo escrito, Compromís denuncia el vaciado de la cuenta del grupo 'popular' en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) coincidiendo con la salida de José Joaquín Ripoll de la presidencia de la Diputación de Alicante, acosado por el caso Brugal. La cuenta, según los extractos bancarios publicados por elDiario.es, tenía un saldo de 65.011 euros, que pasó a ser de 31,99 euros tras el cobro de dos cheques en otras entidades bancarias.
Así, el primer cheque, por importe de 48.429,36 euros, se ingresó en la oficina principal de Bankinter en Alicante. El segundo, por importe de 16.550,64 euros y con numeración correlativa al anterior, se ingresó en la oficina del BBVA de empresas en la rambla de Méndez Núñez, según se desprende de la documentación en poder de esta redacción. La dotación de 60.000 euros, reflejada en el extracto bancario de la cuenta de la CAM, estaba destinada a sufragar los gastos del grupo para cada ejercicio.
“Al no existir fiscalización alguna al respecto de esos fondos públicos por parte de la administración (...) resulta forzoso pensar que se pudiese realizar una actuación institucional, por importe exactamente coincidente al remanente obrante en las cuentas del grupo, a excepción de los 31,99 euros que costaba cerrar la cuenta”, reza la denuncia de Compromís.