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La Fiscalía investiga las terapias de conversión de personas LGTBI de un docente de un centro católico

Federico M. V. imparte una charla organizada por la Asociación Católica de Maestros de València.

Lucas Marco

València —

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La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia de la Conselleria de Educación sobre las terapias de conversión de personas LGTBI de un docente del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs (València), centro educativo concertado de orientación católica. El Ministerio Público, según ha podido confirmar este diario, inicia así la investigación sobre las polémicas terapias, prohibidas por la normativa autonómica.

El docente Federico M. V. dirige el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) 'Mater Misericordiae' de València, un ente que cuenta con una quincena de voluntarios, entre orientadores familiares, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y juristas, y con el consejero Juan Andrés Talens, reverendo director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado. Federico M. V. presidió durante casi dos décadas la Asociación Católica de Maestros de València, tal como informó elDiario.es.

El colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs guarda silencio sobre la situación del profesor dos semanas después de que trascendieran las denuncias de antiguos alumnos. El Arzobispado de València, por su parte, anunció una investigación interna y retiró de su página web los datos de contacto del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) de València.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, defendió el pasado lunes las terapias prohibidas por ley y denunció el “liberticidio LGTBI” que, en su opinión, se esconde detrás de la investigación ordenada, tras varias denuncias, por la Consellería de Educación.

El departamento de Educación, dirigido por el popular José Antonio Rovira, anunció que iba a poner en conocimiento de la Fiscalía la denuncia por estas prácticas. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, recalcó que “la Inspección Educativa ha tomado cartas en el asunto y ha elaborado un informe que es taxativo: la ley ha de ser cumplida”.

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