Fiscalía pide año y medio de prisión para un activista por oponerse al desahucio de una familia con menores en Oliva

“Hicimos un tapón en la puerta de la vivienda los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local nos sacaron de allí sin que opusiéremos resistencia”.

Este es el testimonio de Joan Cogollons, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comarca de La Safor, para quien la Fiscalía solicita un año y medio de prisión y una multa de 1.800 euros por un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones.

Los hechos se produjeron durante el deshaucio que se llevó a cabo el pasado 14 de septiembre de 2018 en la calle de Aurora número 16 de Oliva (València). Los afectados eran dos parejas con cuatro menores de edad, dos de ellos con menos de uno y de dos años, los cuales carecían de alternativa habitacional.

Para una de las parejas, Sarai y Abdelatif, el Ministerio fiscal solicita también un año y medio de prisión y 900 y 1.800 euros respectivamente por delitos de resistencia y lesiones leves.

En el caso de Abdelatif, solicita que se cambie la pena de prisión por “la expulsión de territorio nacional y la prohibición de entrada a España durante cinco años” al estar en situación irregular.

El escrito de acusación de la Fiscalía relata que como consecuencia de la resistencia de los acusados tres agentes de la autoridad sufrieron heridas leves como “escoraciones en un antebrazo”, “herida en un codo” y “algias en un hombro y región pectoral”, respectivamente.

Sin embargo, Cogollons, de 72 años y con camiseta naranja (ver vídeo), ha asegurado que “como es normal había tensión, pero no hubo contacto físico con los agentes en ningún momento, yo no empujé a nadie”. Además, ha argumentado que “ellos iban todos juntos, eran 15 policias locales y guardias civiles, si tocaras a uno el resto se echarían encima”.

Sobre la pareja acusada, ha comentado que si alguien hubiera agredido a algún policía “lo hubieran tirado al suelo” y que en ningún momento vio a nadie pegando a nadie.

También ha destacado que había “un Guardia Civil de paisano grabando toda la operación, una grabación que ha solicitado mi abogado, pero que dicen que no existe”.

El portavoz de la PAH de València, Jose Luis González, denunció el pasado lunes 30 de septiembre un incremento de la represión policial contra los activistas de la plataforma en toda España en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocido como 'ley mordaza', con un incremento de sanciones, poniendo como ejemplo este caso, además de otros similares en Guadalajara o Alcorcón.