La Generalitat ha blindado la financiación pública de la escuela concertada hasta 2019 a tres meses de las elecciones pese a la denuncia de la Fiscalía por el descontrol de los gastos y el informe de los auditores de la Generalitat, la intervención, que revela un secreto a voces: algunos de los colegios de propiedad privada pero pagados con fondos públicos incrementan sus ingresos haciendo abonar a los padres extras ilegales por el comedor, material escolar y otros conceptos.
Este informe de 2013, revelado por Mónica Oltra, candidata de Compromís a la Generalitat, es claro: Se incumple con la “gratuidad de la enseñanza” en varios centros al obtener beneficios “por conceptos tales como material didáctico, cajas de herramientas, etc” y existe una “vulneración generalizada de la obligación de informar de la voluntariedad en la realización de actividades complementarias por parte de los centros concertados”. Con estas actividades las sociedades que gestionan los colegios también ganan dinero.
Denuncia de la Fiscalía
La Fiscalía, también por denuncia de Oltra, investiga supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones en varios pagos de la Generalitat a los centros concertados. Concretamente, la denuncia de la acusación apunta que las subvenciones para pagar los liberados sindicales y la formación de los profesores puede haber sido ilegal.
Ni la denuncia de la Fiscalía ni la alerta lanzada por la intervención han impedido que el PP blinde la educación concertada. El gobierno valenciano decretó la extensión del acuerdo con 335 centros privados hasta 2019, dos años más de los cuatro inicialmente previstos. Lo ha hecho a las puertas de las elecciones autonómicas que pueden acabar con la mayoría absoluta del PP –en mayo de 2015- y ante la virulencia mostrada por la izquierda contra los denominados conciertos: EU aboga por su liquidación, al igual que, con matices, Compromís. El PSPV tiene una posición más templada en asunto, aunque apuesta por la pública como pilar básico del sistema.
El PP, mientras, defiende la concertada –en muchos casos impartida por centros católicos, en algunos por colegios con alumnos de un solo sexo- sin ambages: “Defendemos la escuela concertada frente a los ataques e intento de adoctrinamiento de la izquierda”, ha dicho Jorge Bellver, portavoz del partido. Los padres deben elegir “ libremente el centro y el tipo de educación que quieran para sus hijos”, remacha.
Mientras, la Conselleria de Educación asegura que se cubre el 98% de las 240.000 plazas que ofrece la educación concertada en 427 centros y sólo el 75% de las 720.000 de los 2.000 públicos. Una cuarta parte de los alumnos estudia en centros concertados. La educación privada, que carece de subvención, sólo alcanza al 6%.