El bar de la isla de Benidorm y sus actividades marítimas vinculadas han dado pingües beneficios a las sociedades del empresario José Cervera y su familia que han explotado estos recursos naturales desde el franquismo. Sólo en viajes de cientos de miles de turistas al año desde la costa del municipio de la Costa Blanca al islote se podrían haber ingresado más de un millón de euros al año, según las empresas de la competencia que han llevado el caso a los juzgados.
Además, el propio restaurante ha ingresado cientos de miles de euros durante todos estos años pese a carecer de todo tipo de permisos y con continuos vertidos al mar en un archipiélago que pertenece al parque natural de la Serra Gelada, según un informe de la Agencia de Detectives Distrito 46.
En la actualidad dos juzgados, uno de Dénia y otro de Benidorm, investigan una posible trama de funcionarios de la Generalitat que podría haber beneficiado a los negocios de los Cervera y sus empresas. Es por este motivo que el restaurante de la isla de Benidorm habría podido estar abierto y recibiendo visitantes durante tantos años y sin que mediara ninguna inspección sobre el mismo. La primera que se le abrió fue el 5 de agosto de 2004. Esta actuación estuvo en barbecho hasta que se reactivó el 13 de febrero de 2017 y en la que ya avisaba de que no podía haber un restaurante en el pequeño archipiélago.
Posteriormente y tras esta segunda inspección es cuando el Servicio Provincial de Costas dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado el demoledor informe que concluye que “no ha quedado acreditado en modo alguno la legalidad del uso de la hostelería existente, ya que en ningún momento se ha aportado al expediente la necesaria licencia municipal para el desarrollo de esta actividad, ni la legalidad de la explotación del embarcadero, al no haberse aportado título administrativo habilitante para el uso de una instalación ubicada en el dominio público marítimo-terrestre”. Desde 1959 que se abrió por primera vez el restaurante.
Y es que lo que viene a revelar Costas es que la titularidad de la isla de Benidorm es estatal, por lo que no se puede permitir ningún negocio privado. Le recuerda al Ayuntamiento de la Costa Blanca que era conocedor de que los terrenos eran del Estado y critica que en su día permitiera la construcción del edificio por acuerdo plenario “sobre unos terrenos de los que no tiene titularidad”.
Así, el informe de Costas es taxativo y concluye que “no reconoce al Ayuntamiento de Bernidorm ni a las mercantiles Excursiones Marítimas Benidorm y Cerbuques (de la familia Cervera) el derecho de preferencia para la obtención de las concesiones para nuevos usos y aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la parcela de terreno afectada, al no haber quedado acreditada la anterior titularidad registral sobre los terrenos en cuestión, con anterioridad a la Ley de Costas de 1988”.
El histórico negocio de los Cervera en la isla de Benidorm tendrá muy difícil, sino imposible volver a abrir el próximo verano. Y las administraciones municipal, autonómica y estatal deberán actuar contra este negocio.