El Gobierno valenciano presenta una ley para “refundar” la cooperación tras el saqueo de Blasco
El exconseller de Cooperación del PP, Rafael Blasco, dejó una mancha en el currículum de la administración valenciana difícil de borrar. Con el exconseller en prisión por desviar 1,8 millones de euros de ayudas en Nicaragua para comprar pisos y otros inmuebles, el Ejecutivo valenciano -Govern del Botànic- tenía la complicada tarea de refundar el modelo de cooperación y terminar con la mala reputación de la Comunidad Valenciana.
Ese es uno de los objetivos de la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible que ha presentado este miércoles el conseller Manuel Alcaraz ante las Corts Valencianes. Un proyecto en el que han participado todos los actores de cooperación valenciana y aprobado por unanimidad en el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, órgano en el que están representados los grupos parlamentarios, las ONG y las universidades, entre otros agentes. Para el conseller, las ONG “representan mejor que nadie la dignidad de la sociedad valenciana”.
La norma compromete a la Generalitat a destinar un 0,7% de su presupuesto de cada ejercicio a políticas vinculadas a cooperación y desarrollo sostenible. Este compromiso se supeditará a las disponibilidades reales de la hacienda del gobierno valenciano, al cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.
La ley incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, aprobados por Naciones Unidas hace dos años en Nueva York. Estas propuestas esquematizan a través de distintos objetivos las prioridades del desarrollo integrando tres dimensiones: social, económica y medioambiental. Además, el texto incorpora el enfoque de género en todos los ámbitos de la cooperación.
Los objetivos, según Alcaraz, “son una oportunidad única para sentar las bases de una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo inclusivos y sostenibles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.
Entre los ámbitos de la cooperación, la ley contempla actuar sobre la cooperación económica, financiera y técnica, sobre la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global, la contribución a la formación e investigación y el apoyo a iniciativas de comercio justo.
La ley incluye como prioridades de la cooperación valenciana al desarrollo el apoyo a las áreas de mayor pobreza y desigualdad, aquellas en las que se produzcan transgresiones graves de los derechos humanos, conflictos o situaciones de emergencia humanitaria, los pueblos y países más empobrecidos y/o con mayores flujos migratorios y de población refugiada; además de aquellos países que presenten peores indicadores de desarrollo humano de la infancia.
A su vez, se plasman prioridades relacionadas con el derecho a los bienes públicos globales; el derecho a la participación y a la gobernanza democrática, al desarrollo, los derechos de la tierra y los relacionados con las mujeres y la infancia.
