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Guerra abierta entre las víctimas del accidente de Metro y la jueza del caso

Concentración en recuerdo de las víctimas del accidente de Metro en Valencia.

Voro Maroto

El enconamiento entre la asociación de víctimas del Metro de Valencia y la jueza que investiga el caso es total. La magistrada, que cerró la investigación sin depurar responsabilidades y sólo la ha reabierto por orden de un tribunal superior, ha cargado contra el abogado de las víctimas y otras partes representadas en el caso.

Los acusa de marear la causa para buscar la “simple dilación del proceso” con formas que “rozan la mala fe procesal”. El abogado de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de julio (Avm3j), Vicente Baeza, es que sale peor parado. «Las alegaciones del letrado, con el estilo propio que le caracteriza, y del que ha hecho gala todo el procedimiento, efectuando todo tipo de insinuaciones dirigidas a esta juzgadora» no son presentables, dice la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia.

La respuesta de Avm3j no se ha hecho esperar. Su presidenta, Beatriz Garrote, aclara que sólo pretenden «profundizar en la investigación» para esclarecer los detalles del peor accidente de la historia del metro en España, con 43 muertos y 47 heridos. Resulta “frustrante ver la energía que emplea la instructora en criminalizar a las partes personadas en la causa, incluso al Ministerio Fiscal”, dice Garrote en declaraciones recogidas por Levante-EMV.

Molina cerró el caso en contra del criterio de Avm3j y la Fiscalía, con la que también ha protagonizado durísimos cruces dialécticos. En mayo, casi 8 años después del accidente, imputó a tres directivos del metro tras la reapertura del caso, pero en el fondo, la jueza investiga el asunto a regañadientes, en obediencia a la decisión de la Audiencia de Valencia.

Esa actitud molesta a la acusación particular – Avm3j – y la pública (la Fiscalía), que además hacen constantes peticiones de una investigación más profunda y, si fuera necesario, paciente. La jueza, sin embargo, quiere acelerar las pesquisas y, a decir de sus críticos, no tolera bien la discrepancia.

El pasado lunes, como sucede desde hace ocho años, una concentración pidió justicia por un caso, por vía política, cerrado sin ningún responsable.

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